La empresa difundió un comunicado tras el auto del juez del Tribunal Supremo que cita a declarar como investigados "a un ex-empleado y dos empleados" y de conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo al patrimonio y las actividades del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"De entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, Acciona Construcción mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 S.L. en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs", explica, y asegura que la facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones de euros.

Los contratos y pedidos asociados a estos proyectos "cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial", asegura.

Asimismo, enfatiza que "todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y se corresponden con los servicios contratados, sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública".

Acciona asegura que "desconoce y, por tanto, no puede asumir responsabilidad alguna sobre el posible uso o destino que el proveedor pueda haber dado a los importes abonados con arreglo a los contratos". Al margen de eso, la empresa "niega la realización por su parte de pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial".

"Sin perjuicio de todo lo anterior y de manera preventiva", la empresa recuerda que ya en junio decidió la resolución de todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L. y la terminación de la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España.

A la vista de las nuevas actuaciones judiciales, decide además "la suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad".

Además, Acciona expresa su "confianza en el sistema público de contratación", su "convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación" y niega haber obtenido "ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos". Reitera también su "compromiso con la cultura de cumplimiento normativo y con los máximos estándares de ética empresarial" y asegura que adoptará "las medidas oportunas en caso de que finalmente se acredite que alguno de sus empleados ha incurrido en conducta irregular".

"La Compañía se reserva el ejercicio de las acciones legales que le asisten en Derecho si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo como consecuencia de la actuación de las personas investigadas o de cualquier otra que hubiese podido lesionar los intereses de la compañía", añade.

Subraya que cuenta "desde hace años con un sólido modelo de cumplimiento normativo sustentado en un código de conducta y diversas normas internas y protocolos accesibles para todos sus grupos de interés que está doblemente certificado con arreglo a las normas ISO 37001 y UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y Compliance Penal" y que ha colaborado con la justicia "desde el inicio de estas actuaciones, y continuará haciéndolo con el fin de esclarecer los hechos investigados".