En opinión de Jofresa, que representa al primer grupo de accionistas de Macosa que acusaron a los gesores de la empresa por una revalorización supuestamente irregular en el balance de la sociedad de 1988, el recurso se basará en el hecho de que "la mayoría de las pruebas judiciales se encuentran aquí y también la mayoría de los afectados".

El letrado indicó asimismo que en estos momentos los afectados están a la espera de las declaraciones que pueda realizar el ex presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, en relación al caso. Escámez está citado a declarar ante el juez el próximo martes por la cndonación por parte de esta entidad de una deuda de 1.500 millones de pesetas a Macosa.

El titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, Lluís Pascual Estivill, dictó el pasado día 4 un auto por el que se inhibía del caso a favor de la Audiencia Nacional. El juez señalaba en el mismo que los accionistas afectados por los presuntos delitos cometidos estaban repartidos por toda España.

Por otra parte, el ex presidente de Macosa y ex subsecretario del Ministerio de Industria, Eduardo Satos, quedó ayer en libertad provisional bajo una fianza de 10 millones de pesetas después de que se presentara ante el juez de guardia de Barcelona, Pascual Estivill, el mismo que instruye las diligencias del caso Macosa.

Santos, sobre cuya persona pesaba una orden de ingreso en prisión por presuntos delitos de falsedad y estafa, estaba en paradero desconocido desde que el juez dictó cárcel contra él. Al parecer, el ex presidente de Macosa llegó procedente de Miami, donde se encontraba por motivos proesionales, según explicaron personas próximas al ex subsecretario de Industria.

El juez también decidió ayer dejar en libertad bajo fianza de 10 millones de pesteas a Francisco Albiñana, ex consejero delegado de Macosa, que permanecía en la cárcel Modelo desde la pasada semana acusado de supuesta estafa.

La investigación judicial del caso se centra en parte en la presunta venta irregular del activo financiero Diagonal Mar por parte de la empresa Macosa a la multinacional Kepro. Esta operación se ealizó por un valor de 12.000 millones de pesetas. Santos y Albiñana están acusados de desviar entre 500 y 1.500 millones de pesetas a través de otra sociedad denominada Unión Sotocién, según figura en el sumario.