Desde enero, más de 41.000 congoleños han entrado en Uganda, lo que eleva a casi 600.000 los nacionales de República Democrática del Congo huidos a este estado a consecuencia del conflicto. Son aproximadamente un tercio de los 1,8 millones de refugiados que actualmente acoge Uganda, indicó Acnur.

En las últimas dos semanas, un promedio de 600 personas ha cruzado diariamente hacia Uganda desde la RDC.

Acnur alertó de que "los recortes continuos en la financiación" amenazan la capacidad del sistema de acogida de Uganda, que atiende de forma simultánea a unos 70.000 refugiados procedentes de Sudán.

CENTROS DESBORDADOS

Los congoleños, en su mayoría mujeres y niños, están entrando a Uganda a través de tres puntos principales: Bunagana, en el distrito de Kisoro; Butogota, en Kanungu; y Sebagoro, en Kikuube. Llegan a pie o en transporte local, muchos procedentes de las áreas de Rutshuru, Masisi y Goma, en la República Democrática del Congo.

Todos han sido testigos de asesinatos, violencia sexual y otras experiencias traumáticas durante su huida, denunció Acnur. "Los centros de tránsito y recepción en la frontera están desbordados", agregó.

Nyakabande, que ha acogido a más de 7.000 refugiados, "ahora funciona a seis veces su capacidad inicial". Con el inicio de la temporada de lluvias, todos los espacios disponibles, incluidos cocinas y áreas de registro, se utilizan para alojar a los refugiados.

Alertó también de que el riesgo de enfermedades aumenta por las carencias críticas en agua, letrinas e instalaciones sanitarias, particularmente en los centros de tránsito de Matanda y Nyakabande. En Matanda se necesitan 150 letrinas para alcanzar el estándar mínimo de una letrina por cada 20 personas. Los servicios de salud también están bajo una creciente presión, prosiguió Acnur, y "tienen dificultades para cubrir las necesidades" de las numerosas personas que llegan en condiciones de salud precarias.

RECORTES

Acnur informó de que en todo el país los servicios básicos para las personas refugiadas sufrieron serios recortes que implicaron el cierre de algunas instalaciones médicas y el despido de unos 250 trabajadores sanitarios.

Todos los responsables de atención a la primera infancia –un total de 332 personas– han sido destituidos, igual que muchos los maestros y asistentes escolares. La construcción de refugios para personas con necesidades específicas se ha detenido, prosiguió, y la reducción del 30% en el combustible para las flotas de los socios perjudica a la logística y la provisión de servicios.

Acnur, que también se ha visto obligada a recortar algunos servicios, urgió a la comunidad internacional a reforzar y ampliar la financiación disponible.