Así lo explicó la portavoz de Acnur, Paula Barrachina, quien también señaló que ha conocido la posible norma "a través de los medios de comunicación" y que, por el momento, no ha recibido información oficial ni ha sido consultada sobre su contenido. En este sentido, subrayó que cualquier reforma debe respetar las obligaciones internacionales y europeas de España en materia de asilo y protección de refugiados.

Entre otras medidas, la propuesta de decreto contempla la inadmisión de algunas solicitudes de asilo presentadas fuera de plazo, reduce los tiempos para recurrir resoluciones desfavorables y establece excepciones al derecho de permanencia mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en la ciudad autónoma.

También incluye la supresión de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) y, con ello, de la participación de Acnur en el procedimiento. Esto es uno de los aspectos que más “preocupa” a Acnur. Además, este decreto tiene una interpretación que Acnur considera “muy restrictiva e indeterminada” de conceptos vinculados al orden público.

Barrachina alertó de que, si a estas medidas se suma el riesgo de que no quede plenamente garantizado el principio de no devolución, podrían producirse situaciones de indefensión para personas migrantes necesitadas de protección internacional.

Asimismo, defendió que cualquier proceso acelerado debe garantizar que los solicitantes dispongan de tiempo y medios suficientes para conocer y ejercer sus derechos, acceder a asistencia jurídica y presentar recursos efectivos, y remarcó que la reducción de plazos no debería impedir el acceso real a la justicia.

La portavoz también recordó que las restricciones al derecho de permanencia durante la tramitación de una solicitud de asilo “no pueden menoscabar el principio de no devolución” y reclamó que se preserve siempre la evaluación individualizada de las necesidades de protección.

Acnur reconoció los desafíos que afronta Ceuta en materia migratoria, pero cree que esos retos no deben traducirse en una “reducción” de las garantías del procedimiento de asilo. Como alternativa, propuso reforzar la capacidad de identificación temprana y triaje para agilizar las solicitudes y facilitar el retorno de quienes no necesiten protección internacional tras una evaluación individual.

Por último, la Agencia de la ONU para los Refugiados aseguró estar “a disposición” de las autoridades españolas para prestar apoyo técnico y contribuir a reforzar la eficacia y calidad del sistema de asilo.