El Decreto de Desarrollo del Sistema de Asistencia Integral a las Víctimas del Terrorismo es impulsado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que dirige la consejera María Jesús Carmen San José López. La norma, recogida por Servimedia, fue aprobada el pasado 3 de diciembre y ahora se encuentra en plazo de audiencia pública. Se trata de un proyecto de modificación del decreto "de desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas del terrorismo".

El artículo decimoquinto modifica varios aspectos del Decreto 290/2010. En concreto, ahora se especifica que "podrán ser beneficiarias de la presente ayuda las personas físicas que padezcan acoso, amenazas o coacción vinculada a actuaciones terroristas conforme se acredite por el Departamento competente en materia de Seguridad".

La Dirección de Derechos Humanos "realizará de oficio los actos de instrucción necesarios para la resolución del expediente y, en todo caso, instará al Departamento competente en materia de Seguridad para que informe sobre la existencia de una situación de acoso, amenaza o coacción vinculada a actuaciones terroristas padecida por el solicitante". Dicho informe "tendrá carácter preceptivo y vinculante y deberá evacuarse en el plazo máximo de 10 días".

MODIFICACIÓN DEL DECRETO

La nueva norma pretende dar una respuesta más eficaz y adecuada a la realidad de las víctimas, especialmente para garantizar el acceso a tratamientos psicológicos, psicosociales y psicopedagógicos.

La experiencia acumulada en la aplicación del decreto vigente, explica, ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir mejoras para optimizar la actuación administrativa y reforzar la capacidad de las instituciones para dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de las víctimas del terrorismo en todos los ámbitos de asistencia.

Los cambios realizados tienen como objetivo garantizar que las víctimas del terrorismo accedan realmente a los tratamientos psicológicos, psicosociales y psicopedagógicos, además de adaptar las bases reguladoras a lo dispuesto en la Ley 20/2023, de 21 de diciembre, de Subvenciones, y a la nueva estructura del Gobierno definida por el Decreto 18/2024.

El Decreto 18/2024 creó y modificó departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y fijó sus funciones y áreas de actuación, por lo que la normativa se ha actualizado para alinearse con las disposiciones vigentes.

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

El proyecto sobre víctimas del terrorismo que se prepara establece que, cuando falte algún dato o documento obligatorio, se requerirá a la persona interesada para que subsane el defecto o presente los documentos preceptivos en el plazo de diez días, advirtiéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de su solicitud, conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015.

El área competente en materia de derechos humanos será la responsable de dictar las resoluciones sobre los procedimientos y pagos de indemnizaciones y compensaciones regulados en el capítulo correspondiente, según establece la modificación del artículo 12 del decreto que desarrolla el sistema de asistencia integral a las víctimas.

Con esta reforma se garantiza la coherencia normativa, la seguridad jurídica y la calidad en los servicios prestados a las víctimas del terrorismo, al tiempo que se adapta la regulación a la nueva estructura gubernamental y a las disposiciones legales vigentes en materia de subvenciones y procedimiento administrativo.

El proyecto de decreto ha sido aprobado con carácter previo por la consejera de Justicia y Derechos Humanos y ahora continuará su tramitación conforme a los trámites establecidos en la Orden de Inicio y en la Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, a los efectos de su aprobación definitiva.