La acción tuvo lugar el 21 de julio de ese año, dos días antes de las elecciones generales y provocó la interrupción temporal de la actividad aérea. En ella intervino un periodista, que también tendrá que declarar ante el juzgado, según informó este lunes Futuro Vegetal, colectivo que lleva acciones de protesta contra la crisis climática.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ya sancionó el año pasado a las dos activistas y al periodista con 90.001 euros cada uno con base en la de Seguridad Aérea, que recoge como infracción muy grave “el acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los aeropuertos”.

A las activistas se las acusa de presuntos daños a una valla. La acusación original realizada por la policía, buscaba imputarlas por un delito contra la seguridad aérea y otro de desórdenes públicos.

Según Victòria Domingo, una de las imputadas, la acción pretendía denunciar que, “en plena crisis climática, ni las empresas responsables de las emisiones ni las instituciones encargadas de proteger a la población están actuando con la urgencia exigida”.

“Mientras algunas formaciones políticas asumen discursos abiertamente negacionistas, otras venden como soluciones medidas que apenas maquillan el problema, continuando con la degradación del planeta para sostener un sistema socioeconómico que atenta contra la vida”, subrayó Bilbo Basssaterra, cofundador de Futuro Vegetal.