Instaron a sus señorías a “ser valientes y responsables” y a votar a favor de la propuesta de ley “por dignidad, decencia y justicia social”.

Según Lamine, “este es un día histórico para las cerca de 500.000 personas que vivimos y trabajamos --muchas veces en situación de semi esclavitud-- en este territorio”.

Señaló que la ILP cuenta con el respaldo de casi 612.000 firmas validadas ante la Junta Electoral Central, recogidas por miles de personas voluntarias de unas 900 organizaciones que han participado en la campaña, y que “esta demanda de regularización se basa en las más elementales políticas de acceso a derechos”. “Para que ninguna persona quede excluida de su derecho a la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda, señorías, les conminamos a ser valientes, algo de lo que jamás se van a arrepentir”.

Lamine destacó que ayuntamientos como los de Barcelona, Bilbao, Albacete y Valencia, parlamentos autonómicos como el de Euskadi, o el cabildo de Tenerife han aprobado mociones a favor de esta ILP. “En algunas de ellas, el PSOE se abstuvo y en otras votó a favor”, declaró.

Rechazó también el argumento que este partido dio cuando votó en contra de una proposición no de ley en este mismo sentido, aludiendo a una supuesta contradicción con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Según declaró, la propia comisaria de Interior reconoció el derecho de los Estados a aprobar sus propias regularizaciones.

RESPONSABILIDAD

En su intervención, Gonzalo Fanjul pidió “responsabilidad” a los diputados, porque “nos enfrentamos a un desafío demasiado grande para ser ignorado”. “Hemos estimado que en 2020 oscilaban entre 474.000 y 540.000 personas" las potenciales beneficiarias de estas medidas. En la actualidad, “la cifra ha caído y está entre 405.000 y 446.000 personas en situación irregular”, prosiguió, lo que representa el 12% de la población migrante.

Según Fanjul, la tasa de inmigración irregular ha bajado por primera vez, debido a la restricción del tráfico de personas durante la pandemia, aunque puede volver a aumentar.

Asimismo, defendió la admisión a trámite de esta ILP por “decencia”, pues “regularizar es la mejor medida para prevenir la pobreza”. Se estima que seis de cada diez migrantes irregulares son mujeres y cuatro de cada diez, menores de edad. Hay 124.000 niños y niñas en esta situación, que serán 146.000 en 2023. Estos menores “están en extrema vulnerabilidad”, alertó, con problemas para acceder a la sanidad y a la educación, y destacó cómo los hogares migrantes tienen un riesgo de pobreza mucho mayor que el resto.

“Presentan tres veces más posibilidades de caer en la pobreza y seis veces más de encontrarse en privación material severa”, recalcó. Sin papeles “es imposible acceder a las prestaciones de protección social” como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), zanjó.

Fanjul mencionó que ocho de cada diez migrantes irregulares proceden de América Latina y que menos del 10% llegaron de África subsahariana. En su opinión, el problema de la frontera sur está "hipertrofiado”, y destacó que “la inmensa mayoría de migrantes entraron de forma regular en España” con un visado de turista o con una solicitud de asilo, y solo después cayeron en la irregularidad.

“Sabemos que la regularización extraordinaria es una solución temporal”, admitió, pero “permitirá abrir un debate sobre la idoneidad de nuestro modelo migratorio a largo plazo”.

POR DIGNIDAD

Para Edith Espínola, “la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería resultó insuficiente”, porque “prioriza las necesidades del mercado laboral a los derechos humanos”. Subrayó que “no son pocas las personas que han sido encerradas en un CIE y expulsadas por ir a hacer un trámite”, ni tampoco “pocos los casos de víctimas de violencia de género detenidas cuando acudieron a denunciar”.

A su juicio, “la Ley de Extranjería nos criminaliza, persigue y encierra, porque nos percibe como a los otros”. “Aquí no se trata de inmigración sí o no, sino de personas con derechos o en clandestinidad”. “Por dignidad, por reparación y por responsabilidad”, pidió a los diputados votar a favor de la ILP. “Tienen una oportunidad histórica. No la pasen por alto”.

DIÁLOGO

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y la CUP defendieron la conveniencia de la ILP, mientras que los portavoces de Vox, PP y PSOE se mostraron en contra, por distintos motivos.

Según José Ortiz (PP), “las fronteras deben respetarse, y no se puede convertir en ordinario lo extraordinario”.

El portavoz socialista Luc Andre Diouf apeló a la primacía del derecho comunitario y citó varias directivas que, a su juicio, impiden la regularización extraordinaria. Indicó también que la modificación de la Ley de Extranjería precisa un amplio apoyo en las dos Cámaras y puso en valor las distintas reformas emprendidas por el Gobierno para promover la inmigración regular, evitar la irregularidad sobrevenida de trabajadores y menores extutelados y facilitar la regularización por arraigo.

Por su parte, Espínola y Fanjul reclamaron “un diálogo sincero” a PSOE y PP, que “en el pasado impulsaron distintas regularizaciones”, y señalaron que “este proceso no se puede hacer a cuentagotas”.

La ILP seguirá su trámite en el Congreso, que todavía no se ha pronunciado sobre su toma en consideración.