Con este cambio legislativo, el 99% de las empresas no estarán ahora obligadas a reportar sus prácticas de sostenibilidad: las pymes quedan excluidas y sólo quedarán sujetas a la normativa las empresas con más de 1.000 empleados y 50 millones de euros de volumen de negocio o un balance de más de 25 millones de euros (el calendario de aplicación para estas empresas sujetas a la normativa se aplaza hasta 2028).

Sin duda, es un cambio importante del escenario con el que hasta ahora estaban trabajando las empresas y los profesionales de la elaboración de informes y de la verificación. Sin embargo, el mensaje que se ha querido transmitir en el III Congreso Catalán de Sostenibilidad, celebrado esta semana y organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña y el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, es que la simplificación normativa no debe suponer un paso atrás en la apuesta por la sostenibilidad de las empresas porque la sociedad no abandonará este principio.

Las entidades colegiales consideran que este aplazamiento es una oportunidad para que las empresas repiensen sus modelos de negocio y de cómo se incorpora la sostenibilidad en su plan estratégico corporativo y comunicativo más allá del mero cumplimiento normativo. Por otro lado, los expertos apuntan que es necesario encontrar un punto intermedio entre descarga administrativa (se estima que la simplificación del paquete Ómnibus reducirá las cargas para las empresas entre un 25-35% ) y una regulación suficiente de las normas básicas en materia de sostenibilidad, especialmente para las PYMES.

En este sentido se ha manifestado Carlos Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Cataluña: "La simplificación administrativa es fundamental para la competitividad de la economía y el bienestar de la ciudadanía, pero no se puede contraponer a la sostenibilidad porque es un eje primordial para el progreso del país. Por este motivo, debe trabajarse para alinear ambas cuestiones. Exigimos a los políticos españoles que no permitan una regresión normativa con perjuicio de la sostenibilidad y que protejan todo el trabajo realizado hasta ahora en este ámbito por el sector empresarial”.

Por su parte, Joan Vall, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña ha recordado que la verificación de la información sobre sostenibilidad es un elemento clave que da confianza a la sociedad en relación a la verificación de la información no financiera: "El sector debe seguir preparándose para dar respuesta a la verificación de estos informes de sostenibilidad y hay que seguir formando a profesionales especializados".

Los cambios normativos supondrán una adaptación de procesos y herramientas para cumplir con los nuevos requerimientos en unos plazos a revisar, dotar de los recursos y conocimientos necesarios para interpretar y aplicar correctamente las nuevas normativas y garantizar que la menor burocracia no se traduzca en menor calidad de la información no financiera reportada. Sin embargo, ahora, más que nunca, el valor social de los responsables en la verificación de los informes de sostenibilidad debe verse como un garante de transparencia de las empresas.