En un comunicado, Acurema asegura que la polémica suscitada por las diferencias surgidas entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento sobre las aportaciones económicas de cada insititución a ese organismo, "no puede traer aparejado que el usuario se convierta en uno de sus financiadores".

"En ningún caso puede salir de su bolsillo los millones de pesetas que ninguna de las administraciones públicas está dispuesta a destinar al Consorcio Regional de Transportes" continúa la nota.

La asociación de consumidores de Madrid recuerda que, según una encuesta que efectuó en 1990, más del 73 por ciento de los encuestados estimaba que el precio de los medios de transporte es excesivo para el servicio que presta.

A su juicio, es contradictorio que las instituciones insten a los ciudadanos a una mayor utilización de los transportes públicos, en beneficio de la circulación, del medio ambiente y de la calidad de vida, si no se potencian con un mayor servicio y precio adecuados.

"Esas mejoras han de ofrecerse a los más de cuatro millones de usuarios que utilizan el transporte público sin que sean ellos mismos los que tengan que financiarlas", añade el comunicado.

Por último, Acurema hace un llamamiento a las administraciones públicas para que lleguen a un acuerdo sobre las diferentes aportaciones al consorcio, para que no sean los usuarios los que sufran las consecuencias.