Tal y como ya ocurrió en las dos citaciones anteriores, Begoña Gómez no acudió a los juzgados de Plaza de Castilla. En la comparecencia estuvieron presentes la Fiscalía, los abogados de la esposa del presidente del presidente, de su asesora en Moncloa, de la Universidad Complutense como perjudicada, del empresario Juan Carlos Barrabés y la representación de las acusaciones.

El juez Peinado sostiene que hay indicios suficientes de delito contra Gómez, su asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario, y vuelve a acordar que la causa sea juzgada por un jurado popular en caso de que se abra la vista oral. Pendiente está aún la entrega de varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las gestiones realizadas por Álvarez en relación con la actividad privada de Begoña Gómez.

Duranta la comparecencia, que se prolongó por espacio de tres horas, Hazte Oír, en representación de todas las acusaciones, solicitó nuevas diligencias por entender que hay muchos indicios de la existencia de delito. Así, pidió que se reclame a Moncloa el salario completo de Cristina Álvarez, ya que la asesora no entregó los datos de lo cobrado en 2020. También pidió la vida laboral de Begoña Gómez y solicitó que se requiera a la compañía Lefevre información sobre una reunión que mantuvo con Gómez y Álvarez sobre el desarrollo del software para la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Es la tercera vez que el instructor cita a los implicados para comunicarles que acudirá a la vía del tribunal del jurado y los indicios que avalan su decisión. La primera vez fue el 23 de septiembre de 2025. En ese momento, el juez mantenía como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Fue la Audiencia Provincial la que le ordenó desimputarle. Ya el 1 de octubre de 2025 volvió a intentarlo pero su decisión fue revocada también por la Audiencia de Madrid por defectos de forma y falta de justificación del instructor. Las defensas de Gómez y de Álvarez han recurrido la decisión del magistrado.

Por su parte, Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, tuvo una dura intervención ante el juez al que acusó de endosar delitos sin “un solo indicio” a su representada. En un momento de su intervención llegó a decir que esta causa es una auténtica “pesadilla” en relación con el delito de intrusismo que se le achaca y concluyó que en este caso está “permitiendo hacer” algo que no es “justicia”. Y volvió a pedir el archivo.

Una vez terminado el trámite, Marta Castro, que representa a la acusación de Vox, aseguró que hay indicios suficientes para investigar si Gómez cometió un delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora. A su juicio, ha quedado acreditado que la asesora se ocupaba de asuntos relacionados con la actividad profesional de la mujer de Sánchez. Además, sostiene que el empresario Juan Carlos Barrabés se benefició de contratos con la Administración registrando un aumento “del 400%” en la actividad de sus empresas a raíz de su relación con Begoña Gómez.

Durante el tiempo que duró la comparecencia, el camión de la organización ultracatólica Hazte Oír estuvo en las inmediaciones de la sede judicial portando una fotografía de Gómez acompañada del texto: “La acusación popular que trabaja por España”.