La asociación denuncia que la Dirección General, a cuyo frente está María Ester Pérez, no ha respondido a su solicitud de información del pasado 25 de septiembre, pese a ser el órgano responsable de supervisar la función pública registral. ADAC reclama conocer el número de notas simples informativas y con información continuada expedidas desde el 9 de mayo de 2024 y, especialmente, el importe total retenido por el Colegio de Registradores en concepto de mantenimiento y utilización de su sede electrónica, establecido en 6,01 euros por nota.

La entidad considera imprescindible disponer de estas cifras para determinar cuánto dinero han pagado los usuarios por unos conceptos cuyo coste real sigue sin estar suficientemente justificado. La reclamación solicita que el Consejo de Transparencia obligue a la Dirección General a entregar la información, recabándola directamente del Colegio si fuera necesario. La asociación también ha enviado un escrito a la presidenta del Consejo, Concepción Campos Acuña, para que se implique en el caso.

La iniciativa cobra especial relevancia tras las resoluciones judiciales que han cuestionado los sobrecostes aplicados a las notas simples con información continuada. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia del 22 de mayo, declaró que no existía respaldo legal para cobrar 12,03 euros por un servicio cuyo arancel debía ser de 3,01 euros. Más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una sentencia del 21 de octubre, ha respaldado ese criterio y anulado dos facturas registrales por la aplicación de importes sin cobertura en el arancel vigente.

Estas resoluciones coinciden con la tramitación por el Ministerio de Justicia de un proyecto de real decreto que modifica el arancel registral y contempla importes de 9,02 euros por las notas simples telemáticas y de 12,03 euros por las de información continuada, frente a los 3,01 euros previstos para la nota simple ordinaria. ADAC, que ya presentó alegaciones contra la reforma, denuncia que se pretende dar cobertura normativa a unos cobros cuestionados judicialmente sin aportar una justificación económica suficiente de su cuantía.

La asociación considera especialmente grave que Justicia impulse la reforma sin aclarar previamente el volumen de ingresos generado por estos conceptos ni los costes reales de la infraestructura tecnológica que supuestamente los justifica. Por ello, exige a la DGSJFP que asuma sus responsabilidades de supervisión, requiera formalmente la información al Colegio de Registradores y garantice su publicidad. ADAC sostiene que solo con esos datos podrá determinarse el alcance económico de los sobrecostes soportados por los ciudadanos y valorar si las tarifas que se pretende consolidar responden a gastos efectivos o constituyen una carga injustificada para los usuarios de un servicio público.