Según los datos desvelados este miércoles por Adif, tras una evolución decreciente entre 2018 y 2020, años en los que el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121, en 2021 se presentaron 279 denuncias, pasando a 392 en 2022, 360 en 2023 y 345 en 2024, alcanzándose en 2025 la cifra máxima del periodo y en 2026 una cifra muy próxima a la que se alcanzó en el año anterior en solo seis meses.

Por territorios y desde 2018, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 27,7%), Aragón (13,3%), Andalucía (11,6%), Comunidad de Madrid (9,4%) y Castilla-La Mancha (7,3%).

En lo que va de 2026, el mayor número de denuncias presentadas por Adif corresponde a robos en Cataluña (el 37,8%), Aragón (el 23,13%), País Vasco (el 6,97%) y Castilla-La Mancha (el 6,22%).

Adif denuncia todas las sustracciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las que mantiene una estrecha coordinación y colaboración. Los robos provocan retrasos en los trenes además de un impacto económico. Ante el incremento, explicó que está reforzando la vigilancia de las instalaciones, especialmente en aquellos puntos en los que se han constatado una mayor incidencia.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal.

La propuesta incorpora un subtipo agravado de robo con fuerza, castigado con penas de dos a seis años de prisión, cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.