Este proceso de selección cubrió prácticamente el 100% de las plazas ofertadas, con 5.428 nombramientos de los que 360 fueron en el turno de reserva a personas con discapacidad.

Función Pública destacó que la incorporación de estos nuevos trabajadores “resulta indispensable para la prestación de los servicios públicos esenciales” y reforzará las oficinas de atención a la ciudadanía.

Entre los nuevos nombramientos, destacan los 774 efectivos para la gestión de expedientes de extranjería en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; los 950 que incorporará el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital o los 470 que ingresarán en el SEPE.

Por territorios, la mayoría de las plazas se ubican en Madrid, aunque también se incidió en comunidades con personal deficitario como Cataluña, Islas Baleares o Islas Canarias.

Esta distribución territorializada responde a que “las necesidades más críticas de incorporación de administrativos se ubican en unidades de la periferia, y de prestación directa a la ciudadanía”, como las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el SEPE, las entidades gestoras de la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, como explicó Función Pública en una nota de prensa.