En un comunicado del CAFMadrid remitido este miércoles, el colegio señaló que en Madrid se redujeron el número de viviendas de uso turístico en un 26% en noviembre en el año, hasta quedar por debajo de las 15.500 unidades.

Desde el CAFMadrid se alertó de que “numerosos propietarios” están optando por “trocear” antiguas viviendas en varios estudios de aproximadamente 15 metros cuadrados, cada una con su propia cocina y baño, con el objetivo de sortear los riesgos asociados al arrendamiento tradicional o de larga duración. “La realidad que nos trasladan los administradores de fincas colegiados es clara: donde antes había una vivienda con una cocina y dos baños, ahora nos encontramos con cinco cocinas y cinco baños conectados a la misma bajante”, explicó la presidenta de CAFMadrid, Manuela Julia Martínez Torres. “Esto supone una sobrecarga evidente para las instalaciones comunes del edificio, especialmente para las bajantes y redes de saneamiento, que no están diseñadas para soportar ese uso intensivo”, añadió.

El colegio esgrimió que estas actuaciones, que en muchos casos se están tramitando mediante declaración responsable, están generando conflictos en las comunidades de propietarios, tanto por los problemas técnicos derivados de las obras como por el impacto en la convivencia y en los elementos comunes del inmueble.

Por ello, esta institución ha mantenido reuniones tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento para trasladar su preocupación y reclamar un mayor control administrativo sobre este tipo de actuaciones. En este sentido, el colegio abogó por que las obras segregación de viviendas no puedan tramitarse mediante una simple declaración responsable, sino que estén sujetas a una licencia de obra, “porque sus efectos no son solo privativos, sino que afectan de lleno a los elementos comunes y a la convivencia vecinal”, en palabras de Martínez Torres.

El CAFMadrid consideró que esta situación, que es cada vez más recurrente, no debe abordarse como una restricción del derecho de propiedad, sino desde la necesidad de una regulación urbanística “garantista”. El colegio subrayó la importancia de garantizar seguridad jurídica y evitar que la falta de un marco normativo claro traslade a las comunidades conflictos que corresponden al ámbito administrativo. De esta manera, insistió en que “una regulación más rigurosa es imprescindible” para proteger a las comunidades de propietarios y garantizar la seguridad, salubridad y sostenibilidad de los edificios residenciales. Asimismo, juzgó necesario “abordar el problema de la vivienda desde una perspectiva integral, que aporte seguridad jurídica a los propietarios y evite soluciones improvisadas”, según la presidenta del CAFMadrid.