En una misiva, el Comité ha dado traslado al Gobierno español y ha fijado el 7 de julio de 2026 como plazo para que presente sus observaciones escritas sobre la reclamación. La reclamación que presentó esta organización sindical sostiene que España mantiene un sistema normativo y jurisprudencial que “no garantiza de forma efectiva “la estabilidad en el empleo público temporal, no establece una “reparación adecuada” frente al cese o despido de quienes han prestado servicios durante años en “situación abusiva” y genera una “situación de discriminación indirecta” por razón de sexo, al afectar de forma mayoritaria a mujeres en sectores esenciales de las Administraciones Públicas.

En concreto, Fetap-CGT denuncia la posible vulneración de tres preceptos de la Carta Social Europea revisada. En primer lugar, el artículo 1.1, relativo al derecho al trabajo y a la obligación de los Estados de promover el mantenimiento de un nivel elevado y estable de empleo.

En segundo lugar, el artículo 20, referido al derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, sin discriminación por razón de sexo. Y, por último, 24.b), que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.

La reclamación parte de una “realidad especialmente grave” en el empleo público español, donde personas que han prestado servicios durante 10, 20 o incluso 30 años cubriendo necesidades estructurales de las administraciones públicas pueden ser cesadas sin que exista una medida efectiva de estabilidad ni, en muchos casos, indemnización alguna.

“La situación resulta particularmente intensa en el caso del personal funcionario interino, cuyo cese se produce sin derecho a compensación, y también afecta al personal laboral temporal, cuya protección se considera insuficiente o limitada”, relata el sindicato.

La reclamación expone que los procesos de estabilización, las compensaciones tasadas de veinte días por año con límites máximos y el régimen abstracto de responsabilidades administrativas no constituyen una respuesta proporcionada, efectiva y disuasoria frente al abuso de temporalidad en el sector público.

También subraya que estas medidas no reparan a quienes ya se encontraban en “abuso estructural” antes de la reforma ni garantizan una protección real frente al cese.

La queja solicita al Comité Europeo de Derechos Sociales que declare que España incumple sus obligaciones derivadas de la Carta Social Europea revisada por no garantizar de forma efectiva la estabilidad en el empleo, por no establecer una indemnización adecuada u otra reparación apropiada frente al cese o despido del personal temporal abusado y por mantener una situación de discriminación indirecta por razón de sexo en el empleo público temporal.