Además de llevar adelante esta labor por el cauce administrativo, las autoridades laborales puieron en conocimienrto del ministerio fiscal determinados casos de singular importancia, como el de un empresarsio que fue sorprendido por la inspección cuando vendía firmas de peonadas no trabajadas.

En una historia de todo el proceso, Adolfo Hernández informó que desde 1987, comenzaron a recibirse noticias del deterioro que se producía en la aplicación de la normativa del PER promulgada tres años antes.

A raiz de los primeros datos y de los que después comenzaron indicar una inusitada afluenciade mujeres solicitantes y a instancias de la direcicón general de la inspección, los técnicos comenzaron a investigar si las jornadas certificadas tanto por ayuntamientos como por particulares, eran reales y si los trabajadores acogidos al subsidio comunicaban mensualmente al Instituto Nacional de Empleo (Inem), como estaba establecido, el número de jornadas que se habían acumulado.

En la misma intervención, aseguró que, según un informe que tiene fecha de noviembre de 1990, en los dos últimos años ha sido investigados todos los municipios de la provincia de Granada, y que entre ellos, sólo en un 5,16 por ciento se han hallado inidicios de presunto fraude en la firma de peonadas.

INTENTO DE ACLARAR

Las declaraciones de Hernandez Meyer trataron de aclarar, asimismo, algunas de las informaciones difundidas desde que el proceso del presunto fraude generalizado saltara a los medios de comunicación andaluces y nacionales.

Por eso, desmintió rotundamente las acusaciones vertidas por el ex alcaldede Padul, uno de los investigados, aportando datos sobre las cuatro sanciones que, sucesivamente, la inspecciónm impuso a ese ayuntamiento por irregularidades en la aplicación del PER.

Recordó igualmente que las acusaciones fueron trasladadas a la fiscalía, de la que solicitaron una investigación contundente, y de cuyo resultados no descarta que puedan derivarse actuaciones penales contra el ex alcalde Garcia Villena.

El responsable de Trabajo negó que existira recomendación alguna por parte del nem o la direcicón de trabajo hacia la inspección, al objeto de limitar su trabajo en los asuntos relacionados con el PER.

Además, explicó la razón por la que las autoridades laborales no tomaron la inciiativa de trasladar al ministerio fiscal los resultados de las investigaciones reaalizadas.

Ello fue, en su opinión, porque la Ley 8/88 contempla todos los supuesos que ahora han derivado hacia la vía penal: falsificación de firmas de peonadas, connivencia entre empresarios y obreros, con la mismaintención, etc, como ilícitos administrativos para los que se establecen sanciones de hasta quince millones de pesetas.

El director provincial, que entregó al juez una relación de todos los expedientes seguidos por la inspección y la totalidad de las demandas tramitadas, dijo que confía en que después de estas campañas de control y con la puesta en marcha de los consejos comarcales y otras fórmulas de prestaciones sociales, se haya llegado a reconducir esta problematica eficazmente.