Según la Adspm, esta decisión supone un “desvío de fondos públicos hacia la sanidad privada” en un contexto marcado por el colapso de las urgencias hospitalarias, el déficit estructural de profesionales, el "abandono" de la Atención Primaria y unas listas de espera que califican de “insoportables”. La asociación consideró que el Ejecutivo regional prioriza un modelo sanitario “orientado al negocio” frente a la garantía efectiva del derecho a la salud.

La organización subrayó que el problema no es la falta de recursos, sino “la ausencia de voluntad política”, y señaló que con esos 500 millones de euros se podrían “revertir recortes históricos” en Atención Primaria y Salud Pública, “reforzar las plantillas de los centros sanitarios públicos”, “reducir las listas de espera” y “mejorar las condiciones laborales” que, a su juicio, “están expulsando a profesionales del sistema”.

La Adspm alertó además de que esta política se adopta en un momento “especialmente grave”, ya que Madrid será en 2026 la comunidad autónoma con el presupuesto sanitario por habitante “más bajo entre las que no han prorrogado sus cuentas”, con 1.537 euros por persona, “muy por debajo de la media nacional”, situada en 2.013 euros, y lejos de comunidades como Asturias, que alcanzará los 2.506 euros.

A juicio de la asociación, esta situación “está cronificando el deterioro del sistema público” y “generando desigualdades crecientes” en el acceso a la atención sanitaria en función de la renta y el lugar de residencia. Por ello, reclamó “transparencia total sobre el destino de los 500 millones aprobados” y exigió que los recursos públicos “se orienten al refuerzo del sistema sanitario público”, así como “el abandono de las políticas de privatización y mercantilización de la salud”.