Así lo comentó durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados motivada por el proyecto de ley que crea esta Autoridad y que se encuentra tramitándose en la Cámara Baja.

El secretario general de la patronal de los grandes bancos explicó que ese “riesgo de inconstitucionalidad” de la tasa se sostendría en la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012 que anula algunas tasas judiciales por estar “desconectadas” de los importes de los asuntos estudiados.

Rodríguez reclamó una “reconsideración global” de la tasa para que se adapte al tamaño de cada entidad o al número de clientes y con ello “evitar efectos perversos”. Consideró que “no tiene sentido” que sea una cifra fija cuando las reclamaciones pueden ser de una cuantía inferior.

Si a eso se suma que “la va a pagar la entidad”, advirtió de que habrá “efectos perversos” porque se pueden lanzar campañas contra cobros de comisiones que sean lícitas y la banca “no va a poder defender la legalidad” de las mismas. Argumentó que existe una “industria del pleito” que incita a ello. También se quejó de que la tasa no sea reintegrada a la entidad si tiene la razón y propuso que las reclamaciones sean vinculantes para pequeñas cuantías y no para todas.

El secretario general de la AEB también llamó la atención sobre que no haya un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a la nueva Autoridad cuando “le va a afectar tan sustancialmente”.

A juicio de Rodríguez, la creación del nuevo organismo, que integrará los actuales servicios de reclamaciones de los organismos supervisores (Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), no está justificada porque no se exige en la directiva europea que se traspone “ni tampoco hay una situación de hecho que lo justifique”.

En este sentido, destacó que solo el 10% de las reclamaciones llega a los servicios correspondientes de los supervisores, pasando el filtro de las propias entidades, y el actual sistema funciona “bien”.

Además, recordó que otros países del entorno europeo han hecho “ajustes menores” en sus sistemas de reclamaciones y no han introducido el carácter vinculante como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca o Austria. Señaló que los servicios de reclamaciones se pueden unificar en una ventanilla única en lugar de crear todo un organismo.