Aedaf detalló en un comunicado que la sentencia “considera que la transmisión de un inmueble pone de manifiesto una capacidad económica que debe gravarse” y que hacerlo a través de un sistema consistente en atribuir un valor mínimo de tributación inferior al de mercado es conforme con la Constitución.

Los asesores fiscales también señalaron que el Constitucional considera que ese sistema tiene una finalidad legítima que identifica con la eficacia de la gestión tributaria, algo que el Supremo venía exigiendo a la Administración Tributaria, y que la determinación del valor no ignora las características individuales de los inmuebles.

No obstante, Aedaf recalcó que el Constitucional reconoce que esa individualización de los valores se lleva a cabo por la Dirección General del Catastro, pero evidencian la ausencia de un correcto desarrollo reglamentario de la ley. Por tanto, esto conduce a que la individualización de los valores se realice a través de circulares e informes del Catastro, que carecen de carácter normativo, como indició el Constitucional.