Aedaf remitió un documento con propuestas de enmiendas a esa ley a todos los grupos parlamentarios para su estudio y consideración, como informó la asociación en un comunicado.

Consideró “inadmisible” que, dentro de una ley orgánica que está llamada a velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, se introduzca “a última hora” una enmienda que sortea los dictámenes de órganos consultivos como la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

“Mientras el proyecto impone un exhaustivo régimen de cumplimiento y sanciones al sector privado, consagra simultáneamente un régimen de opacidad, inmunidad y excepcionalidad injustificada para la Administración Pública y, de forma muy particular, para la Administración Tributaria”, expuso el documento.

En opinión de los expertos de la Aedaf, “bajo el legítimo pretexto de la prevención del fraude y la eficacia del sistema”, se pretende instituir “un blindaje cuasi absoluto” de las administraciones tributarias. Para Aedaf, esto podría expulsar a jueces y tribunales de su potestad de control y abocar al ciudadano a la más absoluta indefensión material.

No obstante, la asociación insistió en que está de acuerdo con “la necesidad de abrazar la modernización tecnológica y la indudable utilidad de los medios informáticos de tratamiento de información en la mejora de la eficiencia administrativa y la lucha contra el fraude fiscal”.

La norma persigue establecer un marco que promueva la adopción de una IA “fiable, ética y centrada en el ser humano” y que vele por sus derechos fundamentales, como exige la Unión Europea en su Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689.

A juicio de los expertos de Aedaf, “fomentar una falsa apariencia de transparencia choca frontalmente con los objetivos de gobernanza de ese reglamento”. En su opinión, esta falta de transparencia podría vulnerar los derechos más fundamentales de los contribuyentes, como el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.