Este Consejo está contemplado en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y su puesta en funcionamiento ha sido una reivindicación histórica. Después de más de dos décadas, el sector contará con un espacio institucional de interlocución para trasladar sus propuestas, participar en el debate sobre las cuestiones que afectan a su actividad y contribuir a mejorar el marco normativo y administrativo en el que desarrollan su labor las fundaciones.

La sesión constitutiva estuvo presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, y contó con la intervención de la presidenta de la AEF, Pilar García Ceballos-Zúñiga, quien agradeció el trabajo realizado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y su equipo para hacer posible la creación del Consejo. También reconoció la colaboración de la Fundación ONCE, anfitriona del encuentro, y de su vicepresidente ejecutivo y vicepresidente de la AEF, Alberto Durán.

Durante su intervención, García Ceballos-Zúñiga puso en valor la singularidad de las fundaciones como instituciones al servicio del interés general y su capacidad para contribuir al desarrollo de la sociedad a largo plazo.

“Las fundaciones convierten patrimonio privado en valor público con vocación de permanencia”, afirmó la presidenta de la AEF. En este sentido, recordó que detrás de cada fundación existe la decisión libre de una persona, una familia, una empresa o una institución de destinar parte de su patrimonio al servicio de la sociedad de manera duradera, más allá de las circunstancias políticas, económicas o sociales de cada momento.

La presidenta reivindicó también la importancia de la sociedad civil organizada como un tercer espacio imprescindible, junto al Estado y el mercado, para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Entre ellos, señaló la transformación tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial, el envejecimiento demográfico, el cambio climático, las nuevas desigualdades, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental y la soledad no deseada.

En este contexto, destacó que las fundaciones no solo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de millones de personas a través de sus proyectos, sino que también fortalecen la confianza, la participación y la cooperación entre ciudadanos e instituciones.

“El capital cívico está hecho de confianza entre las personas, de capacidad para cooperar, de instituciones independientes y fuertes, de compromiso ciudadano, de solidaridad organizada y de participación responsable. Está hecho de respeto por lo común y de la convicción de que el interés general también depende de nosotros, no solo de los poderes públicos”, señaló.

La presidenta de la AEF defendió que ese capital cívico constituye uno de los principales activos de una sociedad democrática y que las fundaciones desempeñan un papel esencial en su creación. Su contribución se manifiesta en ámbitos tan diversos como la educación, la investigación, la cultura, la atención social, la salud, la protección del patrimonio, la inclusión laboral o el apoyo a las personas con discapacidad.

La constitución del Consejo Superior de Fundaciones supone la culminación de un proceso iniciado con su reconocimiento en la Ley de Fundaciones de 2002 y desarrollado recientemente mediante la aprobación del Real Decreto 125/2026, de 18 de febrero, que modificó el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

La AEF participó activamente en este proceso normativo mediante la presentación de alegaciones durante los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, así como a través de un informe dirigido al Consejo de Estado. La Asociación ha defendido desde hace años la necesidad de contar con un órgano de interlocución permanente que permita abordar de manera coordinada las cuestiones que afectan al funcionamiento de las fundaciones.

El Consejo nace con el propósito de facilitar el diálogo entre las distintas administraciones con competencias en materia fundacional y los representantes del sector. Entre sus funciones se encuentran la participación consultiva en cuestiones normativas que afectan a las fundaciones y el impulso de estudios y actuaciones destinados a promover y fomentar su actividad.

Para la AEF, su constitución ofrece una oportunidad para avanzar hacia un marco de funcionamiento más coordinado, eficaz y transparente, en un contexto caracterizado por la diversidad de normas y competencias estatales y autonómicas.

Uno de los principales retos será reforzar la seguridad jurídica de las fundaciones, mediante una mayor coordinación entre las administraciones responsables de su supervisión y registro, la modernización de los procedimientos administrativos y el establecimiento de criterios de actuación más homogéneos.

La AEF considera especialmente relevante la futura actividad de la Comisión de Cooperación e Información Registral, prevista en el seno del Consejo. Este instrumento permitirá abordar la coordinación entre los registros de fundaciones, mejorar los procedimientos de inscripción y avanzar en la unificación de criterios, cuestiones que tienen una incidencia directa en el funcionamiento cotidiano de las entidades.

La AEF ha señalado en numerosas ocasiones los problemas derivados de los retrasos administrativos, la dispersión normativa y las diferencias de criterio entre registros y protectorados. La mejora de estos procedimientos constituye una de sus prioridades, tanto para garantizar el ejercicio del derecho de fundación como para facilitar que las entidades puedan dedicar sus recursos y esfuerzos al cumplimiento de sus fines de interés general.

En su intervención, García Ceballos-Zúñiga trasladó también la necesidad de mantener una interlocución estable con los distintos ministerios y las comunidades autónomas, desde el respeto a sus respectivas competencias. En particular, solicitó una mayor agilidad y accesibilidad en el funcionamiento del Protectorado de fundaciones de competencia estatal, una tramitación más eficaz de los procedimientos registrales y un diálogo más estrecho con el Ministerio de Hacienda sobre la aplicación del régimen fiscal de las fundaciones y del mecenazgo.

La presidenta defendió asimismo la importancia de contar con reglas claras, administraciones accesibles y mecanismos de cooperación institucional que permitan a las fundaciones desarrollar su actividad con mayores garantías y eficacia.

COMPOSICIÓN

El Consejo Superior de Fundaciones se constituye como un órgano colegiado integrado por representantes de las administraciones públicas y del sector fundacional. Su composición responde a una distribución por tercios, con diez representantes de la Administración General del Estado, diez de las comunidades autónomas y diez puestos correspondientes a las fundaciones.

La presidencia del Consejo corresponde al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, mientras que Icíar Pérez-Baroja Verde, subdirectora general de Cooperación Autonómica del mismo ministerio, fue designada secretaria del Pleno.

En representación de la Administración General del Estado, forman parte del Consejo Carmen Páez Soria, subsecretaria del Ministerio de Cultura; Aida Fernández González, subsecretaria del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; María Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez, director general de Tributos; Agustín Torres Herrero, secretario general de Cooperación Territorial; Alberto García González, secretario general técnico-director del Secretariado del Gobierno; Fernando Álvarez García-Mon, secretario general técnico del Ministerio de Cultura; Laura Manzano Palomo, secretaria general técnica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; Ignacio Hermoso Contreras, secretario general técnico del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y José Juan Espartero López, secretario general técnico del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

En representación de las comunidades autónomas, participan Loreto Osa Ocón, por el País Vasco; Inmaculada Barral Viñals, por Cataluña; Francisco Javier Abad Pardo, por Galicia; Esteban Rondón Mata, por Andalucía; Antón García Fernández, por Asturias; M.ª Eugenia Gutiérrez Palacio, por Cantabria; Tania Sáez Martínez, por La Rioja; María de la Caridad de la Hera Orts, por la Región de Murcia; José Luis Font Barona, por la Comunidad Valenciana; y Antonio Villacampa Duque, por Aragón.

En representación del sector fundacional, forman parte del Pleno Pilar García Ceballos-Zúñiga, por la Fundación Caja Extremadura; Alberto Durán López, por la Fundación ONCE; Vicente José Montes Gan, por la Fundación Rafael del Pino; Luis González Martín, por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Antonio Pulido Gutiérrez, por la Fundación Cajasol; Eugènia Bieto Caubet, por la Fundación ESADE; Alejandro Sarmiento Carrión, por la Fundación Atapuerca; Alejandro Echevarría Estívariz, por la Fundación Comunicando Futuro Alejandro Echevarría; e Ignacio Tremiño Gómez, por la Fundación para la Protección de Personas con Minusvalía.

La AEF cuenta con una presencia destacada en este órgano a través de su presidenta, Pilar García Ceballos-Zúñiga, y de tres representantes vinculados a la Asociación: Alberto Durán, Vicente José Montes y Luis González Martín.