Desde 2028 financió 85 ayudas, la mayoría para universidades, para proyectos de investigación, desarrollo e innovación en esta materia, con una inversión global de 9,2 millones de euros.L

a investigación científica se consolida "como una herramienta clave para afrontar las nuevas vulneraciones de derechos humanos derivadas de la digitalización, los cambios sociales y la aparición de formas emergentes de violencia y discriminación", explicó la AEI, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La entidad publicó estos datos coincidiendo con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos hoy miércoles y con el cierre de la campaña internacional '16 días de activismo contra la Violencia de Género', impulsada por ONU Mujeres y desarrollada cada año entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre. En su edición de 2025, la campaña puso el foco "en la violencia digital contra mujeres y niñas, una amenaza creciente que incluye prácticas como el ciberacoso, el uso indebido de imágenes, la suplantación de identidad, el control digital y la desinformación misógina", según la AEI..

Desde el ámbito académico, se subrayó que la investigación en derechos humanos "ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas". El catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del panel de evaluación de proyectos de Derecho de la AEI José María Sauca Cano explicó que "este campo ha transitado, bajo la influencia del desarrollo constitucional, de un enfoque general centrado en los sistemas de protección y las instituciones emergentes hacia una creciente especificación temática".

"El campo se ha diversificado para abordar derechos de colectivos concretos como los de las mujeres, menores, personas mayores o inmigrantes y, más recientemente, nuevos derechos derivados de retos contemporáneos como las crisis económicas, la emergencia climática o la cuarta revolución tecnológica", añadió Sauca. A su juicio, "los derechos humanos siguen siendo la respuesta jurídica y social a las transformaciones que afectan a la sociedad en aspectos como la dignidad y la libertad de las personas, por lo que su evolución es continua".

Esta evolución se refleja también en el peso que ha adquirido la dimensión tecnológica en los proyectos financiados. Según indicó este evaluador, alrededor de un tercio de las iniciativas analizadas en las últimas convocatorias "tenían alguna relación con la cuarta revolución”, algunas de ellas "con una vinculación directa con los derechos humanos y otras centradas en delitos informáticos o en cuestiones regulatorias y organizativas de las instituciones".

Sauca destacó además el papel esencial de la financiación pública para sostener este tipo de investigaciones. En su opinión, los recursos públicos "permiten estructurar los equipos de investigación, definir prioridades, consolidar metodologías de calidad y articular colaboraciones entre universidad, administraciones y sociedad civil". "En un ámbito como el de los derechos humanos, donde el impacto no se traduce habitualmente en patentes, el mantenimiento de líneas de financiación estables resulta especialmente relevante", subrayó.

Los proyectos financiados están fortaleciendo la transferencia social y favoreciendo una mayor internacionalización", detalló el catedrático, quien resumió el mensaje que lanza este esfuerzo inversor: "Incluso con recursos limitados, el compromiso institucional con los derechos humanos es fundamental para vertebrar el ecosistema investigador y generar respuestas sólidas frente a los desafíos actuales".

VIOLENCIA DIGITAL

Entre los proyectos respaldados se encuentran, por ejemplo, investigaciones que abordan de manera directa los mecanismos que sostienen la violencia digital, el discurso de odio, la discriminación estructural y los sesgos tecnológicos. Uno de ellos, desarrollado por la Universidad de Valencia, analiza cómo distintas formas de racismo (institucional, social y cultural) se retroalimentan y generan entornos hostiles en los que proliferan discursos de odio, muchos de ellos amplificados a través de prácticas discriminatorias en redes sociales. El estudio compara los marcos legislativos de España con los de Italia, Francia, Dinamarca y Finlandia para identificar buenas prácticas y políticas públicas eficaces, según el comunicado de AEI.

Otro proyecto, liderado por la Universidad Carlos III de Madrid, se centra en la construcción y fundamentación de los llamados derechos emergentes en sociedades democráticas en transformación. La investigación analiza "la necesidad de conceptualizar nuevos derechos y nuevas dimensiones de los clásicos para responder a demandas sociales surgidas en el siglo XXI, combinando un enfoque teórico con otro aplicado orientado a su proyección en leyes e instituciones y al diálogo entre el ámbito académico y el político".

Los retos jurídicos del ciberespacio constituyen otro eje relevante. La Universidad de Murcia estudia "los desafíos del Derecho Internacional frente a los ciberataques, la vigilancia ilícita y las actividades delictivas en la red, proponiendo alternativas normativas capaces de dar respuesta a estas amenazas sin vulnerar los derechos y valores fundamentales de la Unión Europea".

La digitalización de la Administración Pública es objeto de análisis en un proyecto de la Universidad del País Vasco, que pone el acento "en el derecho a la protección de datos y a la privacidad como elementos esenciales para evitar nuevas formas de violencia digital basadas en el acceso o la difusión indebida de información personal".

IGUALDAD DE GÉNERO E IA

En el ámbito de la igualdad de género, una investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) revisa el estado global de los derechos de las mujeres a la luz de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), cuarenta años después de su aprobación. El estudio "evalúa el cumplimiento de los compromisos internacionales y formula recomendaciones para reforzar la seguridad y la autonomía de mujeres y niñas".

La dimensión tecnológica adquiere un peso creciente en otras iniciativas. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) "desarrolla herramientas para identificar y reducir sesgos en sistemas de inteligencia artificial que pueden amplificar estereotipos de género, raza u otros atributos, alineando estos avances con los principios internacionales de ética y derechos humanos". El objetivo es aplicar estos desarrollos a ámbitos clave como la educación, la salud, los recursos humanos o el análisis de contenidos, indicó la agencia estatal.

Por su parte, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) impulsa un proyecto centrado en el procesamiento facial ético y no discriminatorio, "con modelos que respetan la intimidad, eliminan sesgos y resultan técnica y socialmente robustos". Estos avances buscan "responder a los riesgos asociados a la explotación masiva de datos y al uso no consentido de información personal, especialmente graves en el ámbito del reconocimiento facial".

DETECCIÓN DE DISCURSOS DE ODIO

Finalmente, la Universidad de Murcia (UM) aplica tecnologías avanzadas de procesamiento del lenguaje natural "para detectar misoginia, homofobia, xenofobia y otras formas de discurso de odio en redes sociales, analizando también la difusión de mensajes de apoyo y esperanza como herramientas para contrarrestar dinámicas tóxicas en el entorno digital".

Con el conjunto de estas iniciativas, "la investigación financiada en los últimos años refuerza el papel de la ciencia como pilar esencial para afrontar los retos actuales de los derechos humanos, combinando análisis jurídico, reflexión social y desarrollo tecnológico para dar respuesta a una realidad cada vez más compleja y digitalizada", concluyó la AEI. Con estos ejemplos, la AEI detalló "cómo la investigación financiada en estos años contribuye a generar nuevo conocimiento, herramientas tecnológicas, marcos jurídicos y análisis sociales necesarios para afrontar los retos que plantean tanto las formas tradicionales como las nuevas manifestaciones de violencia y discriminación".