A este respecto, ALA sostiene que la propuesta de Aena es el resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos.

De hecho, las compañías sitúan la previsión al alza de los viajeros en el 3,6% anual para este quinquenio, alcanzando los 401 millones de pasajeros en 2031, frente al 1,3% estimado por el gestor.

Por su parte, el coste de capital WACC estimado por las aerolíneas estaría en un 6,35%, frente al 9% propuesto por AENA, muy por encima de cualquier sector regulado comparable en Europa, que se sitúan entre el 5% y el 8%.

Ambas estimaciones propuestas por las aerolíneas vienen avaladas por sendos estudios comisionados a las consultoras globales Steer y CEPA y permitirían una bajada de tasas, manteniendo el plan inversor de AENA de casi 10.000 millones de euros para este quinquenio.

Las tarifas aeroportuarias para el próximo quinquenio se calculan con una fórmula establecida en la regulación que tiene en cuenta cuatro variables: previsiones de tráfico, WACC, costes operativos regulados e inversiones. El resultado de esta fórmula, con los informes independientes de las consultoras, arrojaría un descenso del 4,9% anual para las tarifas de los próximos cinco años.

Por último, las aerolíneas denuncian que la propuesta de Aena implicaría un incremento de los costes operativos regulados del 3,8% anual, un ritmo tres veces superior al del tráfico estimado por AENA, “comportamiento que no se observa en aeropuertos comparables, y supondría unas ineficiencias y fuertes deseconomías de escala contrarias a la propia trayectoria de Aena”.

En resumen, concluyen que “el planteamiento de AENA de subir las tarifas aeroportuarias un 3,8% anual supone repetir un patrón histórico de infraestimación del tráfico y exigencia de un WACC muy por encima de lo razonable”, que “puede dar lugar a una situación de retornos por encima de lo razonable, en detrimento de los pasajeros y las aerolíneas”.

Por ello, desde ALA se pide a la CNMC, como autoridad supervisora independiente, y a la DGAC, que es la institución finalmente responsable de elaborar el DORA III y someterlo a aprobación por parte del Consejo de Ministros, que tengan en cuenta la experiencia de los dos últimos quinquenios para evitar que vuelva a suceder esta situación.