Según informaron, este convenio supone un paso muy importante a la hora de acercar información jurídica clara y comprensible a los pueblos. El objetivo es ayudar a las familias, especialmente a las mujeres rurales, a conocer mejor sus derechos y a afrontar con mayor seguridad situaciones relacionadas con la vida familiar, como las herencias, la compraventa o hipoteca de la vivienda, los contratos o acuerdos de diversa índole o el desarrollo de una actividad profesional o empresarial, entre otros temas propios de la función notarial.

Mediante esta colaboración, Afammer y Fundación Notariado, a través de su Comisión ‘Notariado, Mujer y Sociedad’, trabajarán de manera conjunta para poner en marcha sesiones formativas y charlas divulgativas, que podrán desarrollarse tanto de forma presencial como online, impartidas por notarias y notarios de toda España.

La presidenta del Consejo General del Notariado y Fundación Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha subrayado que “el Notariado está profundamente arraigado en el medio rural: más de 660 notarías prestan servicio en municipios de menos de 15.000 habitantes, ofreciendo asesoría, cercanía, confianza y seguridad jurídica preventiva allí donde más se necesita”.

Por su parte, Carmen Quintanilla ha manifestado que el acuerdo con Fundación Notariado y su Comisión ‘Notariado, Mujer y Sociedad’ cobra especial relevancia en el medio rural, “porque el acceso a este tipo de información no siempre es sencillo y contar con asesoramiento jurídico fiable puede marcar la diferencia a la hora de prevenir conflictos, proteger a las familias y reforzar su autonomía y tranquilidad”. En este sentido, la presidenta nacional de Afammer ha afirmado que la intención de este acuerdo es que “ninguna mujer rural se sienta desprotegida”.

Asimismo, Barrio Del Olmo ha añadido que “acompañar a las personas forma parte de la propia función social del notario. Con este convenio queremos estar aún más cerca de las mujeres y familias rurales, con información clara y asesoramiento profesional que les ayude a proteger su patrimonio, planificar su futuro y tomar decisiones con tranquilidad y autonomía”.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y las primeras actividades se desarrollarán como proyecto piloto en Castilla-La Mancha, con la previsión de extender progresivamente esta iniciativa a todo el ámbito rural de España.