El Alto Tribunal mantien por lo demás casi intacta la sentencia anterior, dictada por la Audiencia Nacional hace casi tres años, y no accede a variar el censo de damnificados que, sin embargo, recibieron con satisfacción el fallo en medio de escenas de emoción que provocaron algunos desmayos y la detención de un individuo que arrojó un "cóctel molotov" contra la fachada del Palacio de Justicia.

En una extensa sentencia de 500 folios, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Bacigalupo, el Tribunal Supremo apoya las téis defendidas por el ministerio fiscal (que llegó a pedir hasta 60.000 años de cárcel por homicidio) y las acusaciones particulares, que reclamaron mayores penas para los encausados, ya que algunos de los procesados fueron absueltos como cooperadores directos del envenenamiento.

De los 13 industriales condenados en su día, sólo Juan Miguel Bengoechea (gerente de la empresa Rapsa que importó el aceite adulterado) y Ramón Ferrero (almacenista de Alcorcón que distribuyó la mayoría del producto) permanecín en prisión, cumpliendo condenas de 20 y 12 años, respectivamente, que ahora han sido aumentadas a 77 y 67 años.

La resolución del Supremo llevará a la cárcel Jorge Pich, Elías Ferrero, Cándido Hernández, Enrique Salomó y Ramón Alabart, que se encontraban en libertad por haber cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva.

Salomó y Alabart, condenados en principio a 4 años y 2 meses de cárcel por comercializar el aceite intoxicado, han sido los otros dos procesados que han sufrido el mayor incemento de sus condenas, que han subido hasta los 38 y los 40 años de prisión, respectivamente.

Asimismo, los hermanos Agustín y Tomás Baviera, que refinaron aceite adulterado y permitieron su consumo pese a detectar anomalías en su composición, por lo que habían sido sentenciados a seis meses de arreso, son condenados ahora a 4 años y 2 meses de cárcel, aunque es posible que no ingresen en prisión si se les conmuta el tiempo que permanecieron en la cárcel antes del juicio oral.

Fernando Bengoeche, hermano del principal encausado y gerente de la empresa, que había sido absuelto por la Audiencia Nacional, es condenado asimismo a 6 meses de arresto mayor porque el tribunal estima que desde su posición en la empresa Rapsa, en la que era gerente, podía haber averiguado si su hermano continuaba desviando el aceite industrial al consumo humano.

El resto de los culpables (Adela Jarauta, Juan Antonio Pastor, Ramón Navarro y Florencio Feijoó) mantienen intacatas sus penas de 4 años y 2 meses de prisiónpor etiquetar el aceite de colza como aceite de oliva, que no cumplirán.

El tribunal no ha accedido, sin embargo, a aumentar el censo de afectados por el síndrome tóxico, cuya actualización solicitaban las acusaciones particulares, que solicitaron que se reconocieran un total de 900 muertos y alrededor de 50.000 afectados.

Según la sentencia, algunas de las peticiones sobre el reconocimiento de algunas de las categorías de afectados son ajenas al derecho penal, como por ejemplo las establecidas e la ley de Seguridad Social, y, por tanto, "al objeto procesal del recurso".

Por este motivo, sólo analiza el caso de 285 afectados que pedían una reconsideración de su categoría de enfermos (gran invalidez, invalidez absoluta, total, parcial u orfandad), recursos que el tribunal no estima porque considera acertado el dictamen recogido en la sentencia anterior, que fue conforme al dictamen de los forenses, que analizaron uno por uno a los damnificados, según los criterios de la comisión del Plan Nacioal para el Síndrome Tóxico.

SATISFACCION ENTRE LOS AFECTADOS

El centenar de afectados que acudió al Palacio de Justicia a conocer el fallo del Tribunal Supremo recibió con emoción y alegría el resultado, al grito de "justicia" y "asesinos", y expresaron su deseo de que los condeandos "se pudran en la cárcel".

Tres mujeres tuvieron que ser atendidas al sufrir desmayos, mientras que la Guardia Civil detuvo a un individuo tras arojar un "cóctel molotov", fabricado con una botella de cerveza llena e gasolina, contra la fachada del edificio.

Una mujer pedía a los periodistas que recogieran "todo lo que está pasando" y fueran extensos en sus informaciones porque "para una vez que vamos a ganar, tiene que salir todo".

Fernando Lago, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Afectados por el Síndrome Tóxico manifestó que los procesados "están donde tenían que estar".

También los abogados de las acusaciones particulares calificaron de "positiva" y "satisfactoria" la estimación del triunal y mostraron su confianza en llegar a un acuerdo con la Administración para hacer efectiva la indemnización de más de 500.000 millones de pesetas que aún no ha podido ser percibida más que en los casos de fallecimiento por insolvencia de las 14 empresas consideradas responsables civiles subsidirias.

"No podemos esperar ante la lentitud de la Justicia para cobrar las indemnizaciones", comentó una de los letrados, Paca Sauquillo, que hizo referencia al denominado "sumario de los altos cargos", en elque están procesados 11 funcionarios del Gobierno de la UCD, cuya condena implicaría la responsabilidad civil del Estado.

La letrada confió en que la sociedad española "sea generosa con los afectados de esta catástrofe que ha producido más daño que cualquiera de las inundaciones que se han sufrido y cuyos daños todos hemos contribuido a paliar".

Algunos de los abogados defensores se personaron también en el Tribunal Supremo para recoger la sentencia, si bien se marcharon antes de dar tiempo a losperiodistas a que les interrogaran.