Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado, más de la mitad de las infracciones (51%) se deben a la falta de inscripción en el registro de los contratos alimentarios. Del resto de sanciones, las más numerosas se refieren a incumplimientos de los plazos de pago y a la ausencia de elementos contractuales esenciales como el precio.

Durante el ejercicio 2025, la AICA realizó 399 inspecciones, de las cuales el 56% fueron en el sector de frutas y hortalizas, seguido del cárnico (13%). En total se supervisaron 2.978 relaciones comerciales.

La agencia investigó 28 denuncias por presuntos incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, más de un tercio vinculadas al sector de frutas y hortalizas.

Desde la creación de la AICA en 2014, el 90% de las denuncias proceden del productor u organizaciones representativas, y el 67% han concluido en sanción. Desde 2014, la AICA ha realizado 8.407 inspecciones, que han dado lugar a 4.947 sanciones, por un total cercano a 28 millones de euros.

En 2025, las comunidades autónomas efectuaron 705 inspecciones de oficio, que permitieron controlar 2.858 relaciones comerciales, e imponer 793 sanciones, prácticamente el doble que en 2024.

El plan de control para el año 2026 se basa en cuatro principios clave: continuidad, consolidación, simplificación y coordinación. Los criterios de selección para las actuaciones tendrán en cuenta, entre otros aspectos, indicios que no hayan podido ser objeto de sanción, la repercusión de determinadas conductas en la cadena alimentaria y la eventual reincidencia.

Entre las novedades del plan para 2026 destaca la introducción de un programa piloto de cooperación reforzada con las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas. Además, se introducen aspectos para dotar de máxima objetividad la actuación de la Agencia, como los criterios de selección del alcance de la inspección.