"El que entra en una vivienda está cometiendo un delito y debería ser tratado con la misma contundencia que cuando se comete, por ejemplo, un robo. En ese caso se detiene al delincuente", explicó el CEO de la Agencia Negociadora, José Ramón Zurdo, en un diálogo sobre la 'La situación actual del arrendamiento de viviendas', organizado por Servimedia.

En este encuentro también participaron el presidente de la Sección de Arrendamientos y Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados de Madrid, Alberto Torres; el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, Jaime Cabrero y la secretaria letrada del Consejo Arbitral del Alquiler de la Comunidad de Madrid, Beatriz Moreno.

Entre las medidas concretas, Zurdo propuso suprimir el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, eliminando la forma verbal, de tal forma que todos los arrendamientos sean por escrito. "Así, podríamos crear un registro público de contratos cuya inscripción tendría efectos jurídicos frente a terceros. Esto posibilitaría a la policía a actuar más rápidamente en caso de okupación", explicó.

También solicitó a la Fiscalía General del Estado reforzar y clarificar los protocolos de actuación policial, especificando conceptos como el de flagrancia en la comisión de un delito de okupación y estableciendo un plazo concreto de actuación, de tal forma que no corran el riesgo de excederse en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, pidió endurecer el delito de usurpación ya que "es el delito que más se comete, porque solo conlleva una pena económica de tres a seis meses". "Entendemos que es una pena insuficiente y por ello pedimos una pena más coercitiva que eleve a una pena de prisión de seis meses a un año, igual que ocurre en el delito de allanamiento de morada", concretó.

También pidió tipificar penalmente la 'inquiokupación', de tal manera que pueda resolverse con un juicio rápido, igual que ocurre con los delitos de allanamiento de morada o usurpación.

Zurdo también propuso una modificación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de tal manera que se facilite la provisión de medidas cautelares como el desalojo previo de los okupas cuando hubiese indicios sólidos y y aplicar con "más rigor" el delito de estafa procesal cuando los okupas presentan a los jueces documentos alterados o falsos.

Preguntado sobre el volumen actual de okupaciones de vivienda anuales en España, afirmó que "las cifras no coinciden". "El Ministerio del Interior da una cifra que hacen referencia a las okupaciones penales, que consisten en usurpaciones y allanamientos. Las que se tramitan por la vía civil o las inquiokupaciones no se reflejan", quien advirtió de que las 'inquiokupaciones' "están aumentando de manera considerable".

SEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, Jaime Cabrero puso el foco en la necesidad de otorgar seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas. "En todas las relaciones humanas es necesaria la seguridad jurídica. Una persona no puede entrar en tu casa, romper algo y dejar de pagar sin consecuencias", aseguró el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Madrileños, quien suscribió el refuerzo de Zurdo de acabar con la okupación desde una perspectivas "penal, administrativa y civil" y pidió aunar voluntades políticas para atajar esta situación

"A mi no me gusta el término 'inquiokupación'", confesó Alberto Torres, quien pidió diferenciar esta modalidad de la okupación delincuencial. "Esto tiene muchos matices y hay que ver caso por caso" aseguró, a la vez que indicó que la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 supone "un paso importante", pero destacó que dada la dificultad de su ejecución no se están consiguiendo los resultados deseados. "En los países de nuestro entorno se está atajando mediante la vía de dar más atribuciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", aclaró, a la vez que indicó que la situación "no es admisible".

Por último, Beatriz Moreno reiteró que entrada ilegal por la fuerza en un domicilio ajeno es "un delito" y "así es como tiene que ser tratado".