El director general de la Agencia Negociadora, José Ramón Zurdo, afirmó que “son medidas que tienen la apariencia de afectar a muchos, pero que en la práctica se aplicarán solo a unos pocos, ya que se dirigen a arrendamientos muy residuales por las limitaciones que imponen”, según ha recogido la organización en un comunicado.

Según la Agencia Negociadora, las condiciones que reducen la efectividad de las medidas son que se dirijan a menores de 35 años; que solo se apliquen a alquileres con opción a compra, “una fórmula muy poco utilizada en el mercado actual”; que solo afecten a viviendas con protección permanente, un tipo de inmueble “muy limitado”, y solo tendrán efecto en comunidades que adopten el plan estatal de vivienda, “lo que previsiblemente dejará fuera a muchas regiones gobernadas por el Partido Popular”.

La Agencia Negociadora también ha cuestionado la efectividad del nuevo seguro de impago de rentas anunciado, aprobado en enero de 2025, “inaccesible para la gran mayoría de arrendamientos”.

Sobre este seguro, la organización ha apuntado que se verá limitado solo aplicará a menores de 35 años y a familias vulnerables que cumplan ciertos requisitos de ingresos; Eetá condicionado a que los propietarios ajusten el precio de sus alquileres al índice estatal de precios de referencia, que en muchos casos está hasta un 40% por debajo de las rentas de mercado, y el pago a los propietarios no será inmediato, pues deberán solicitarlo a los seis meses desde la recuperación de las viviendas.

La Agencia Negociadora del Alquiler ha concluido que estas medidas “no resuelvan los verdaderos problemas del acceso a la vivienda” y ha pedido al Gobierno “soluciones más realistas y adaptadas a las necesidades del mercado del alquiler”.