Estas ayudas se corresponden con el conjunto de medidas de apoyo al sector pesquero impulsadas por el Gobierno para compensar el incremento de los costes del combustible y están contempladas en el real decreto del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio de marzo.

La Secretaría General de Pesca trabaja en la gestión de un segundo grupo de beneficiarios, correspondiente a aquellos que presentaron alegaciones y publicará la correspondiente resolución con el listado definitivo y las cuantías correspondientes.

Para que los beneficiarios reciban las ayudas con la mayor celeridad posible, el procedimiento se tramita de oficio y sin necesidad de solicitud por parte de los interesados. Para ello la tramitación de estas ayudas, se verificó, en primer lugar, que los barcos que hubieran realizado actividad pesquera durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo y 30 de abril, y que por tanto han tenido gasto en combustible.

El Ministerio explicó que el cálculo de la ayuda se realiza por buque, multiplicando el importe unitario por el consumo diario de combustible y por el número de días de actividad que haya realizado dentro del período elegible, hasta un máximo de 200.000 euros por buque y 400.000 euros por armador.

La ayuda se establece con un límite de 0,20 euros por litro de gasóleo, pero también contempla la posibilidad de realizar pagos complementarios en caso de que el 70% del incremento del precio medio del combustible de todo el periodo elegible sea superior a la suma de los 0,2 euros/litros ya abonados en pagos intermedios.

El consumo diario de combustible de la flota se establece de acuerdo con el consumo diario por barco publicado en la Encuesta Económica de Pesca Marítima, año 2024, cuyos datos parten de la información proporcionada por los propios armadores.

El Gobierno amplió el periodo inicialmente previsto en el real decreto para la concesión de la ayuda temporal compensatoria destinada a las empresas armadoras de buques pesqueros. De esta forma, el periodo subvencionable se extiende desde el 22 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2026.

Las medidas impulsadas por el Gobierno de España cuentan con la autorización de la Comisión Europea, que permite la concesión de este tipo de ayudas de Estado. En aplicación de este marco, España ha establecido la intensidad de la ayuda en el máximo permitido, equivalente al 70% de la diferencia entre el precio medio semanal del combustible y el que tenía previo al inicio del conflicto en Oriente Medio, 0,697 euros por litro (23 de febrero).