El plazo para la comunicación de los daños concluirá el 15 de abril. Para asegurar la eficiencia del procedimiento de notificación de los daños producidos, la orden ministerial establece una estrecha coordinación con las administraciones locales, provinciales y autonómicas, para las afecciones a caminos agrarios de uso público.

De esta manera, en cada provincia, las propuestas de actuación en caminos agrarios de uso público serán elaboradas y remitidas al Ministerio por las subdelegaciones del Gobierno, asistidas por comités técnicos en los que participarán las diputaciones provinciales, la Junta de Andalucía y la de Extremadura, junto a técnicos de las empresas públicas Tragsa y Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias).

En el caso de daños causados en infraestructuras de riego, la comunicación al MAPA se realizará a través de la sede electrónica por parte de la presidencia de la Comunidad de Regantes.

Las obras serán ejecutadas por la empresa de Transformación Agraria (Tragsa), en su condición de medio propio de la Administración, y consistirán en la reparación y restitución al estado anterior de los elementos dañados, tales como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otras.

Este paquete de medidas incluye una partida específica de 600 millones de euros para la reparación de urgente de infraestructuras como caminos agrarios de uso público y regadíos.

El plan de ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con un presupuesto total de 2.874,1 millones de euros para los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura. De esa cantidad, 2.174 millones irán para ayudas directas para compensar la pérdida de renta.

Andalucía y Extremadura fueron las comunidades más afectadas y con mayor siniestralidad por el tren de borrascas de gran intensidad producido entre enero y febrero.