Con esta actualización se inicia una nueva etapa, tras un periodo de 16 años en el que solo tres organizaciones —Asaja, COAG y UPA— contaban con esta representación, basada en procedimientos de votación o consulta celebrados a principios del siglo XXI.

La dilatada situación de 'impasse' se originó con la aprobación de la ley sobre 12/2014, que creó un sistema para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias a nivel estatal basado en un mecanismo de consulta pública, directa y simultánea en todo el territorio nacional.

Asimismo, Agricultura explicó que la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias conforme a este sistema se encontraba supeditada a un ulterior desarrollo reglamentario que no se llegó a realizar. Por ello, el sistema de representatividad implantado por dicha ley nunca llegó a aplicarse.

Tras un amplio proceso de diálogo con todas las organizaciones profesionales agrarias y fuerzas políticas, el Gobierno ha establecido una nueva regulación, aprobada como disposición adicional en la Ley de Prevención de Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, promulgada el pasado 1 de abril.

De acuerdo con esta regulación, el procedimiento resuelto ahora permite que la representatividad se revise y actualice cada cinco años a partir de la publicación de estas resoluciones. El objetivo es que las organizaciones profesionales agrarias presentes en la actividad real lo estén también desde el punto de vista formal en la interlocución con el Ministerio de Agricultura.

La condición de organización profesional más representativa permite a estas entidades actuar como interlocutoras oficiales del Gobierno en nombre del sector agrario, especialmente en el Consejo Asesor Agrario, que preside el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como en otros órganos de participación relacionados con asuntos medioambientales, laborales y otros ámbitos clave para el sector.