La gravedad e impacto negativo para las explotaciones agrarias de carácter familiar que supone un establecimiento de los acuerdos privados decompraventa en la cesión de derechos de uso, constituye motivo suficiente para que la UPA rechace el conjunto de la reforma de la ley.

Asimismo, la organización agraria indica que con esta aprobación "se deduce el interés del Gobierno en transformar la gestión de un recurso tan importante en un gran negocio privado a costa de la sociedad y el medioambiente".

En este sentido, los responsables de la UPA indicaron que en la asignación "de un recurso natural y público como es el agua, no deben primarlos criterios de mercado, sino, sobre todo, criterios sociales y de uso del territorio".