Aguilar se pronunció de esta forma durante el debate ‘La protección de los derechos fundamentales en la jurisprudencia española’, que tuvo lugar en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Este fiscal subrayó que los delitos de odio no solo afectan a la víctima directa, sino que generan miedo e intimidación en todo el colectivo al que pertenece, por lo que tienen una dimensión social que trasciende el ámbito individual.

Destacó que, además de la libertad y la justicia, en estos delitos están en juego derechos fundamentales como la igualdad, que consideró una de las bases para el ejercicio del resto de derechos. Asimismo, defendió la libertad de expresión como pilar del Estado de derecho, aunque precisó que esta “no puede convertirse en una libertad de agresión”.

Explicó que los delitos de odio constituyen infracciones penales motivadas por el rechazo hacia determinadas características o condiciones de la víctima, como su origen racial o étnico, orientación sexual, discapacidad, edad, religión o enfermedad.

“VÍCTIMAS PRIVILEGIADAS”

En este sentido, alertó del incremento de los discursos, pues se cree que se han generado distinciones entre las víctimas, nombrando a algunas “víctimas privilegiadas”, una idea que rechazó al afirmar que la discriminación afecta a cualquier persona y que toda la sociedad tiene la responsabilidad de combatirla.

El fiscal señaló que la infradenuncia continúa siendo uno de los principales obstáculos para perseguir estos delitos y aseguró que, en algunos colectivos como el gitano o el lgtbi, alrededor del 85% de las víctimas no presentan denuncia. Añadió que, en otras ocasiones, los hechos sí son denunciados, pero no llegan a calificarse como delitos de odio.

Asimismo, defendió la especialización policial como una herramienta clave para mejorar la atención a las víctimas y la eficacia de las investigaciones, y reclamó que la evaluación individualizada de las necesidades de protección sea obligatoria en todos los casos.

Por último, Aguilar apostó por reforzar campañas de sensibilización ciudadana y adaptar la legislación para mejorar la prevención, detección y persecución de los delitos de odio.