El portavoz de la Comunidad madrileña, Ignacio González, consideró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esta decisión de Zapatero "compromete la ejecución del presupuesto de ingresos autonómico y los servicios que se prestan a los ciudadanos".

Además, señaló, esta decisión del Gobierno central es "antijurídica", "insolidaria" y un "ataque directo al Estado del Bienestar".

González indicó que el objetivo del recurso es que "se cumpla una ley" y dijo que Zapatero "no puede incumplir unilateralmente una ley que establece unas obligaciones, en este caso, parafinanciar los servicios públicos".

"Queremos que se cumpla la ley", reiteró González, quien aclaró que "cuando se incumple, para eso están los tribunales de justicia".

González explicó que, en la Conferencia de Presidentes, Zapatero planteó una serie de medidas tendentes a "superar la situación de insuficiencia financiera que padecían algunas comunidades en materia sanitaria, como consecuencia del espectacular incremento de la población y de la negativa del Gobierno socialista a actualizar los valores poblacionales en el modelo de financiación".

Una de esas medidas consistió en conceder anticipos de tesorería a las comunidades sobre los recursos del sistema de financiación. Dichos anticipos podían alcanzar la cifra del 4% de las entregas a cuenta percibidas por las regiones. En el ejercicio 2008, ese 4% supone, en el caso de Madrid, 418 millones de euros.

González afirmó que queda demostrado que "la política social y la sanidad no son una prioridad para Zapatero, ya que los 418 millones negados a los madrileños equivalen prácticamente al presupuesto con que la Comunidad dotó a la Consejería de Justicia en 2007, o a poner en marcha 3.000 camas nuevas en hospitales (sólo en siete de los nuevos centros creados por la Comunidad hay 2.000 camas)".