En conversación con Servimedia, el presidente de la AHE, Santos González, manifestó su postura sobre la ampliación del umbral de renta de 29.400 euros a 38.000 euros anuales para beneficiarse de las medidas hipotecarias anunciado el pasado lunes por la vicepresidenta Nadia Calviño, después de reunirse con las patronales bancarias, las asociaciones de mayores y usuarios y el Banco de España.

González, en nombre de la AHE -a la que están asociados los bancos-, trasladó la misma posición que las patronales bancarias, que ya afirmaron el día del anuncio que no lo veían “estrictamente necesario”, pero que lo aceptaban.

“La medida se toma en un momento en que no es necesario” porque la subida de los tipos de interés se ha frenado y la expectativa es que bajen, y la morosidad está “controlada”, en palabras de González.

El presidente de la Asociación Hipotecaria consideró que habrá algunos beneficiarios más con el nuevo umbral pero que incluso si los tipos de interés no bajaran de manera inminente, con el paro comportándose “de manera razonable”, la morosidad podría aumentar alguna décima, lo que “no es significativo”.

Con ello, concluyó que el paquete “tiene poco recorrido” y que, si fracasa, “será una gran noticia” porque supondrá que las familias no han necesitado recurrir a los dos códigos de buenas prácticas -para hipotecados vulnerables aprobado en 2012 y para los que estén en riesgo de serlo aprobado en 2022-.

La nueva ampliación podría llegar a unas 100.000 familias más, según el Banco de España, que se sumarían al millón que calculó el Ejecutivo como potenciales beneficiarios cuando se aprobó el código de 2022. Sin embargo, las solicitudes registradas por el Banco de España de enero a septiembre superan las 55.000, lejos de los cálculos del Gobierno. Según un informe del supervisor de octubre, solo un 9% de las 42.800 peticiones que se tenían registradas habían sido aprobadas y un 40% habían resultado rechazadas por no cumplir los requisitos.

Las medidas incluidas en el paquete del que se acaba de anunciar su ampliación consisten en la prórroga durante 2024 de la suspensión de todas las comisiones por amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable y la conversión a tipo fijo, así como se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto. Una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.

Quienes entren en el nuevo paquete se beneficiarán de medidas que ya se vienen aplicando en el marco del mismo como es la congelación de la cuota hipotecaria durante 12 meses, la extensión del plazo de amortización de hasta siete años y para las familias con renta inferior a 25.200 euros se añade también la carencia de dos años del préstamo.

“Nuestro objetivo es que exista una red de seguridad, no es un objetivo, no puede ser en ningún caso, que haya familias que tengan dificultades, sino que las que las tengan dispongan de una red de seguridad”, dijo Calviño el día del anuncio.