La organización Afghan Witness registró estos casos en un contexto donde la llegada de los talibanes al poder supuso el desmantelamiento de las pocas leyes e instituciones que protegían a mujeres y niñas frente a la violencia.

"La situación actual constituye una persecución por motivos de género que puede considerarse un crimen de lesa humanidad", manifestó en una entrevista a Servimedia la responsable del trabajo sobre Afganistán de Amnistía Internacional España, Olatz Cano.

Asimismo, sostuvo que "se han cerrado los refugios y muchas supervivientes se han quedado sin alternativas seguras, mientras la impunidad es casi total", y destacó cómo las mujeres han sido sistemáticamente borradas de la vida pública.

CONTROL Y REPRESIÓN

Cano hizo referencia a la denominada "ley de vicio y virtud que refuerza este sistema de control, ya que entre otras disposiciones restringe que la voz de las mujeres se oiga en público y otorga a una policía especial, llamada inspectores de moralidad, poderes para amenazar, detener e incluso llevar ante juicio a quienes incumplan el código impuesto".

La responsable en Afganistán de la organización aseveró que se han documentado "numerosas detenciones por supuestas infracciones en el uso del hiyab", así como "denuncias de trato degradante, tortura e incluso violencia sexual durante la detención". Además, continúan "los castigos corporales públicos" como forma de intimidación colectiva.

Actualmente, las niñas y mujeres tienen prohibido estudiar más allá de la educación primaria y no se les permite acceder a espacios de ocio y de vida comunitaria como parques, baños públicos y actividades deportivas. "Su libertad está muy limitada con reglas que exigen ir acompañadas por un 'mahram' o acompañante masculino".

JUSTICIA INTERNACIONAL

Por estos motivos, Amnistía Internacional pide revertir todas las medidas discriminatorias, poner fin a las detenciones arbitrarias y a la represión, y restablecer mecanismos reales de protección y acceso a la justicia para las supervivientes.

"Reclamamos una rendición de cuentas que solo puede venir del ámbito internacional" y consideró una "buena noticia" que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitara órdenes de arresto en enero de 2025 por persecución de género y que se emitieran órdenes en julio de 2025 contra dos altos dirigentes talibanes.