La organización señaló que estos hechos son una "flagrante violación del principio de no devolución y de la propia legislación egipcia en materia de asilo". Desde finales de diciembre de 2025, "agentes de policía vestidos de civil" han detenido arbitrariamente a ciudadanos de Siria, Sudán, Sudán del Sur y otros países subsaharianos en las calles o en sus lugares de trabajo en ciudades de todo el país, según informó AI en un comnicado.

Los arrestos se produjeron tras controles de identidad, y "quienes no cuentan con permisos de residencia válidos son trasladados en furgonetas sin distintivos, incluso cuando pueden mostrar las tarjetas del Acnur", reveló la ONG.

"Las personas refugiadas que han huido de la guerra, la persecución o las crisis humanitarias no deberían verse obligadas a vivir con el temor diario de ser detenidas arbitrariamente y deportadas a un lugar donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos", declaró el investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto y Libia, Mahmoud Shalaby.

FAMILIAS ESCONDIDAS

Por temor a ser arrestadas y deportadas, las familias se han visto obligadas a esconderse en sus hogares, viviendo en un limbo legal y sin acceso al trabajo ni a la educación. Muchas luchan por sobrevivir tras la detención o deportación del principal sostén de la familia. La organización exigió a las autoridades egipcias la libreación de inmediato de todos los refugiados y solicitantes de asilo detenidos arbitrariamente, solo por motivos migratorios.

Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad de 22 refugiados y solicitantes de asilo, entre ellos un niño y dos mujeres, entre finales de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026. Los arrestos se produjeron en las gobernaciones de El Cairo, Giza, Al-Qalyubia y Alejandría, y afectaron a personas refugiadas y solicitantes de asilo de Sudán, Siria y Sudán del Sur.

De este grupo, las fuerzas de seguridad han deportado a un solicitante de asilo sirio registrado ante el Acnur y los otros 21 siguen en riesgo de deportación, ya que las autoridades ya habían iniciado los procedimientos, a pesar de que la fiscalía había ordenado la liberación de 19 de ellos. Tres de los detenidos tenían citas programadas para renovar su residencia con el departamento de inmigración. No existen estadísticas disponibles sobre las deportaciones de sirios, pero las ONG egipcias alertaron sobre el aumento de las deportaciones ilegales de ciudadanos sirios a mediados de enero.

CIENTOS DE DEPORTADOS

El 31 de enero, el embajador de Sudán en El Cairo declaró en una conferencia de prensa que 207 ciudadanos sudaneses fueron deportados de Egipto en diciembre de 2025.

Añadió que alrededor de 400 ciudadanos sudaneses se encontraban actualmente detenidos en Egipto, sin aclarar los motivos. Desde el estallido del conflicto armado en Sudán en 2023, las autoridades egipcias han intensificado periódicamente los controles de identidad de los extranjeros.

El gobierno egipcio exigió a todos los extranjeros que se encuentran en el país de forma irregular que regularicen su situación mediante un patrocinador egipcio y el pago de 1.000 dólares estadounidenses. Los refugiados y solicitantes de asilo registrados ante el Acnur no están sujetos a estos requisitos al renovar sus permisos de residencia.

VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN

El principio de no devolución prohíbe a los Estados enviar a cualquier persona a un lugar donde corra un riesgo real de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Incluso la deficiente ley de asilo de Egipto prohíbe la extradición de "refugiados reconocidos" a su país de origen o residencia habitual, a pesar de que otras disposiciones permiten implícitamente excepciones bajo el pretexto de motivos demasiado vagos.

Amnistía Internacional se opone a las devoluciones forzadas de ciudadanos sudaneses a Sudán en medio de un conflicto armado en curso, caracterizado por graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Asimismo, el ACNUR ha mantenido su postura contra todas las devoluciones forzadas de ciudadanos sirios debido a la precaria situación de seguridad y los riesgos constantes que plantean los grupos armados.

La represión ha tenido consecuencias devastadoras para las familias refugiadas, afectando especialmente su derecho a la educación y al trabajo. Tres familias, todas registradas ante el Acnur, informaron a Amnistía Internacional que habían dejado de enviar a sus hijos a la escuela o la universidad por temor a ser detenidos, ya que actualmente no cuentan con permisos de residencia válidos.

Una familia afirmó no haber podido conseguir cita para renovar sus permisos de residencia vencidos porque no pudieron contactar con el Alto Comisionado. Otra familia informó que la cita de su hijo estaba programada para 2027. Algunos refugiados y solicitantes de asilo han interrumpido o limitado su trabajo para minimizar el riesgo de arresto.

"Como socio cercano de Egipto en materia de migración y principal donante de Acnur, la Unión Europea debería instar al gobierno egipcio a adoptar medidas concretas y verificables para proteger los derechos de los refugiados y los migrantes", señaló Shalaby.

Asimismo, reclamó garantizar que la Agencia de la ONU tenga acceso sin trabas a todos los lugares de detención donde se encuentran refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

"La UE y otros Estados también deben intensificar el reparto de responsabilidades ampliando las oportunidades de reasentamiento y creando vías seguras y regulares para las personas que necesitan protección internacional", concluyó el investigador. Entre estas vías mencionó visas humanitarias, programas de movilidad laboral y estudiantil e iniciativas de patrocinio comunitario.