La organización internacional alertó de que la pena de muerte afectaría a quienes fueran condenados por tribunales militares por causar la muerte en circunstancias definidas por la legislación israelí como "actos de terrorismo", una disposición que afectaría principalmente a los acusados palestinos, según informó la ONG en un comunicado.

En algunos casos, la pena de muerte sería obligatoria o se impondría sin derecho a apelación, precisó la organización. Uno de los proyectos de ley, que pasó una primera lectura en la Knesset en noviembre de 2025, busca modificar tanto la ley militar aplicable en la Cisjordania ocupada, excluida Jerusalén Oriental ocupada, como las leyes que se aplican en Israel y Jerusalén Oriental anexada ilegalmente.

AMPLIACIÓN DE DELITOS PUNIBLES

La iniciativa pretende ampliar los delitos punibles con la muerte y eliminar garantías clave del debido proceso. "El Parlamento israelí se opone a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte y, en cambio, busca crear nuevas vías para imponerla", declaró la directora sénior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Asimisimo, denunció que "con estos proyectos de ley, el gobierno israelí se otorga descaradamente carta blanca para imponer penas de muerte a palestinos". Añadió que "cualquier pena de muerte impuesta en virtud de estas enmiendas constituiría una violación del derecho a la vida y, al ser impuesta por un tribunal militar, también podría constituir un crimen de guerra".

Además de ampliar los delitos punibles con la muerte, los proyectos de ley introducen procedimientos especiales que eliminan las garantías fundamentales de un juicio justo y de los derechos humanos previstas en el derecho internacional. Entre ellas se incluyen la restricción del acceso a la información sobre las ejecuciones por motivos imprecisos de "seguridad" y la autorización a los tribunales militares ad hoc.

TRIBUNALES ESPECIALES

Estos tribunales que juzgan los delitos relacionados con los atentados del 7 de octubre podrían desviarse de los procedimientos y las normas probatorias habituales, limitando así aún más los derechos de las personas condenadas a muerte. La normativa también autorizaría ejecuciones sin la presencia de representantes judiciales o religiosos.

Israel no ha llevado a cabo ninguna ejecución en más de 60 años. Las medidas legislativas propuestas también representarían un alarmante retroceso de 20 años tras el compromiso de Israel desde 2007 con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que pedían una moratoria de las ejecuciones para la abolición de la pena de muerte.

Las enmiendas propuestas a las leyes militares permitirían a los jueces de los tribunales militares de toda la Cisjordania ocupada, excluida Jerusalén Oriental ocupada, imponer la pena de muerte obligatoria por mayoría simple de un tribunal de tres jueces. Esta medida se aplicaría incluso en casos en que la fiscalía no la haya solicitado.

EJECUCIÓN EN 90 DÍAS

Las penas de muerte no podrían ser conmutadas ni indultadas y tendrían que ejecutarse en un plazo de 90 días, lo que constituye una flagrante violación de las restricciones y salvaguardias establecidas por el derecho internacional. Estos tribunales militares de Cisjordania tienen jurisdicción sobre palestinos y extranjeros, pero no sobre los colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales.

Los colonos israelíes son juzgados ante tribunales civiles en Israel, conforme a las leyes civiles. Un segundo proyecto de ley, que propone medidas legislativas adicionales, otorgaría jurisdicción especial a tribunales militares ad hoc para juzgar a personas acusadas de haber cometido delitos relacionados con los atentados del 7 de octubre de 2023.

Esta iniciativa permitiría juzgar "conforme a cualquier ley", incluida la ley israelí sobre genocidio, y para imponer penas de muerte por mayoría simple del panel de jueces en ejercicio. Este proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en la Knéset el 13 de enero de 2026. Está previsto que la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset reanude su consideración el 4 de febrero.

REFUERZO DEL APARTHEID

De aprobarse, estas enmiendas reforzarán aún más la matriz de leyes, políticas, prácticas y discursos públicos deshumanizantes de larga data que han permitido el genocidio continuo de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza ocupada. También han mantenido su sistema de apartheid sobre todos los palestinos, según la organización internacional.

"Esto ocurre también en el contexto de la tortura y otros malos tratos documentados, generalizados y desenfrenados de prisioneros palestinos por parte de las autoridades israelíes", subrayó Guevara Rosas. La directiva añadió que se ha producido "el aumento repentino de las muertes de palestinos bajo custodia desde finales de 2023, así como el incremento del número de palestinos asesinados ilegalmente en aparentes ejecuciones extrajudiciales durante la última década".

Guevara Rosas reclamó que "los miembros de la Knéset deben oponerse firmemente a estos proyectos de ley y derogar todas las medidas legislativas destinadas a introducir, ampliar y facilitar el uso de la pena de muerte". Insistió en que el objetivo debe ser "garantizar su abolición total".

OPOSICIÓN INTERNACIONAL

La responsable de Amnistía Internacional exigió que "la comunidad internacional, en particular los fuertes aliados de Israel, debe oponerse rotundamente a las enmiendas legislativas israelíes que consolidarían aún más su cruel sistema de apartheid contra los palestinos". Advirtió de que "no deben desviar la mirada ni envalentonar las violaciones de los derechos de los palestinos por parte de Israel otorgándole mayor impunidad".

Israel abolió la pena de muerte para delitos comunes en 1954, pero ha mantenido este castigo para los delitos contemplados en la Ley de Genocidio y para la traición contemplada en el Código Penal. La última ejecución se llevó a cabo en 1962, hace más de seis décadas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea el acusado, la naturaleza o las circunstancias del delito, la culpabilidad, la inocencia o el método empleado. Hasta la fecha, 113 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, siete de ellos desde 2020, según los datos de la organización.