Así lo indicó en una carta remitida al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la que destacó que el enfoque de la regulación aprobada hace varias semanas “probablemente tenga consecuencias no deseadas”, como “no permitir que los habitantes y comercios locales de esos municipios se beneficien del turismo en lugares con una gran oferta de viviendas pero muy poca población”.

La compañía recordó que, con el nuevo marco europeo, las autoridades de Cataluña podrán mejorar los sistemas de registro, respaldados por el intercambio de datos con plataformas, y obteniendo información detallada sobre quién aloja, dónde y con qué frecuencia.

Asimismo, indicó que, en Cataluña, casi cuatro de cada 10 pueblos carecen de opciones de alojamiento, y en muchos otros municipios que dependen del turismo estacional, las viviendas familiares ya existentes desempeñan “un papel crucial en la economía local” y apuntó que estas poblaciones “obtienen beneficios directos sin tener que construir más infraestructura turística”.

Airbnb subrayó que “siempre ha respaldado” la normativa catalana que facilitaba el registro de la actividad, el pago de impuestos y el reconocimiento de las 'llars compartides'. Por ello, recordó que para ayudar a garantizar que las normativas se cumplen, implementó una herramienta que “obliga a los anfitriones a mostrar su número de registro en la plataforma, siempre que sea necesario, facilitando que las autoridades puedan llevar a cabo sus acciones de inspección de manera más precisa”.

Por ello, pidió al Ejecutivo autonómico que primero lleve a cabo una evaluación de impacto de las normas turísticas existentes, que se han modificado cada año durante los últimos cuatro años, así como que lleve a cabo una consulta pública que incluya a todos los agentes de esta actividad para escuchar sus perspectivas sobre las medidas propuestas.

Para Airbnb, es “vital” comprender qué han logrado las diferentes normativas antes de introducir nuevas restricciones, cómo pueden funcionar las nuevas medidas y cuál será el impacto en cada uno de los municipios afectados y sobre las familias catalanas que comparten su hogar.