Así se desprende del estudio sobre el IMV, publicado este miércoles, dentro del marco de la segunda fase del ‘Spending Review 2022-2026’, cuando ya han transcurrido más de cinco años desde su puesta en funcionamiento y tras la emisión de cuatro opiniones previas sobre esta prestación.

Esta prestación ha contribuido en este tiempo a reducir en un 30% la brecha de pobreza, medida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza, si bien su impacto sobre la tasa de pobreza ha sido más limitado y quedó en el 9,5%.

Sin embargo, si el IMV se hubiera desplegado en todo su potencial, esas cifras se dispararían al 58% y 16,2%.

A finales de 2024, fecha de corte de la última provisión de microdatos a la Airef, la prestación alcanzaba un coste de 3.106 millones al año, que, de nuevo, se elevaría a 6.145 millones si alcanzara todo su potencial y a 9.110 millones en un escenario de erradicación de la pobreza.

En el ámbito de la pobreza infantil, el IMV en su configuración completa —IMV más complemento de ayuda para la infancia (CAPI) llegó al 29% de los hogares en esta situación, aunque su potencial de cobertura supera ese nivel.

Estos resultados son coherentes con unas tasas de ‘non take-up’ del 55 % en 2024, que indican que más de la mitad de los hogares con derecho a la prestación no la solicitan.

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, lamentó que no queda claro “cuál es la pobreza que quiere reducir el IMV” porque “no hay un indicador de cuál es el porcentaje de renta que fija” a efectos del IMV.

DEBILIDADES ESTRUCTURALES

La Airef apuntó a “diversas debilidades estructurales en el diseño” del IMV que han limitado su capacidad para reducir la pobreza de forma más eficaz.

Uno de estos problemas es la definición de la renta computable basada en los ingresos del año anterior en lugar de los percibidos en periodos más recientes. Otro es la unidad de convivencia, que es de difícil acreditación y continúa siendo la principal causa de denegación de solicitudes.

Además, el IMV se diseñó como una prestación poco integrada en el sistema asistencial, por ejemplo, en su relación con las rentas mínimas autonómicas, lo que ha generado solapamientos y reconfiguraciones desiguales entre territorios, como señaló la Airef.

Asimismo, la Airef encontró un impacto negativo que genera la prestación en la participación laboral, que refuerza la necesidad de reformular el diseño del incentivo al empleo para evitar la formación de trampas de la pobreza.

Por su parte, el CAPI presenta tasas de ‘non takeup’ en torno al 72%, lo que para la Airef pone de manifiesto la conveniencia de avanzar hacia mecanismos de concesión automática, apoyados en la información del registro civil desde el nacimiento del menor, con el objetivo de reforzar la lucha contra la pobreza infantil.

PROPUESTAS

La Airef expuso cinco propuestas para mejorar la eficacia y eficiencia del IMV, entre la que destacó la definición de objetivos cuantificables con metas y plazos.

También abogó por la promoción de fórmulas de verificación automática de los requisitos de acceso mediante el uso de información más actualizada, la reformulación integral del incentivo al empleo, la provisión de estadísticas homogéneas y comparables de las rentas mínimas autonómicas.

Asimismo, para reducir las barreras de acceso a esta prestación, la Airef abogó por reforzar las campañas de información y acompañamiento individualizado.

La Airef también avisó de que, una vez consolidada la prestación y en ausencia de reformas sustantivas, el valor añadido de evaluaciones anuales recurrentes se reduce. Por este motivo, la institución dará por concluido el ciclo de evaluaciones anuales del IMV con la publicación de la quinta Opinión en 2026.