Según informó la Airef en nota de prensa, Olóndriz participó como miembro nato con voz, pero sin voto, tal y como figura en la Ley de creación de la institución.

La presidenta comenzó recordando que no corresponde a la Airef pronunciarse sobre el reparto de recursos entre administraciones ni sobre la configuración concreta del sistema de financiación autonómica, sino que su función es “analizar las implicaciones fiscales de la reforma y valorar si su diseño y aplicación son compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas y con los compromisos fiscales nacionales y europeos”.

En esa línea, señaló que, si un subsector de la administración incrementa de forma permanente su capacidad de gasto, “debe valorarse cómo afecta esta decisión al espacio disponible para los demás y a la capacidad del conjunto de las administraciones públicas para cumplir la senda fiscal agregada”. Por ello, resaltó que la reforma del sistema de financiación autonómica “debe abordarse de forma integral y coordinada con las demás piezas del marco financiero y fiscal”.

Respecto al acuerdo aprobado en el Consejo, Olóndriz dijo que “todavía no resulta posible realizar una valoración cerrada de sus efectos sobre la sostenibilidad, porque hay dos elementos especialmente relevantes que deben concretarse”.

La presidenta de la Airef reclamó “cuantificar” el impacto de la modulación temporal de las entregas a cuenta sobre la financiación efectiva. También señaló que el acuerdo remite a “futuros desarrollos normativos para que el gasto adicional de las comunidades autónomas financiado con los nuevos recursos permanentes no compute a efectos de la regla de gasto nacional”.

Al respecto, Olóndriz consideró que “será necesario precisar el alcance de este cambio normativo y, sobre todo, asegurar su coherencia con la senda europea de gasto primario neto y con los compromisos agregados del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo”.

En todo caso, la presidenta de la Airef consideró que “la reforma planteada debería articularse de forma coordinada con las demás piezas del marco fiscal y financiero” y avisó de que “un nuevo sistema que no vaya acompañado de una reforma del marco fiscal nacional y de una estrategia fiscal de medio plazo podría deteriorar la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas”.