El director de la División de Análisis Presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, se mostró cauto en su valoración sobre esta cuestión y recalcó que quien más sabe de este tema es el Tribunal de Cuentas, que señaló que “no estaban suficientemente fundamentadas jurídicamente”, y agregó que incluso “hubo cierto debate” al respecto dentro del Tribunal.

Fernández-Huertas explicó que el Gobierno decidió en su momento dotar una sección diferenciada para los créditos presupuestarios procedentes de Europa, algo que a la Airef le pareció “bastante oportuno”, ya que daba “mayor transparencia y agilidad a la gestión del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia”.

Sin embargo, aclaró que “los fondos europeos no están vinculados a esas dotaciones presupuestarias”, sino que se otorgan en función del cumplimiento de hitos y objetivos. “En la medida que el pago de pensiones no supone un cumplimiento de hito y objetivo no se puede vincular una cosa y otra”, precisó.

El director de la División de Análisis Presupuestario de la Airef recordó que España mantiene un PGE de 2023 que se ha utilizado en 2024, 2025 y 2026, algo que “dista mucho de ser lo óptimo” y así lo ha hecho saber el organismo en varias ocasiones.

“La no aprobación y no presentación de PGE supone coste en términos de menor rendición de cuentas y deterioro de la supervisión y todo ello dificultades en la propia gestión”, incidió, al tiempo que insistió en que solo con haber presentado unas nuevas cuentas se habría reducido el nivel de debate actual. Además, apuntó que las necesidades de 2023 no son las mismas que las de 2024 y los años posteriores, y eso lleva a “utilizar técnicas presupuestarias que han sido señaladas por el Tribunal de Cuentas”.