Así lo indicó en la presentación del ‘Informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2023’, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos, en la que compareció junto con el director de la división de Análisis Presupuestario del organismo, Ignacio Fernández-Huertas, y la directora de la división de Análisis Económico, Esther Gordo.

Herrero insistió en su mensaje de que los presupuestos nacen “viciados”, ya que se incluyen previsiones de ingreso y de gasto en las que falta “realismo”, pues no se incluyen determinadas partidas de ingresos y gastos relacionados con la crisis energética.

En este sentido, subrayaron que el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas viene contemplado para entrar en vigor en 2022 y recaudar en los dos próximos ejercicios 1.270 y 1.370 millones de euros respectivamente, aunque estos ingresos no vienen reflejados en las cuentas del Ejecutivo, que, además, prevé una recaudación mayor que la estimada por la Airef, de 1.500 millones en cada ejercicio.

Sobre el impacto de las medidas, indicaron que un 24% de las ayudas se concentra en los dos deciles más bajos de renta mientras que los dos más altos concentran un 2,5% de los importes. No obstante, de manera individual, Fernández-Huertas indicó que las ayudas al gas y al combustible están sesgadas hacia “las rentas más altas”, mientras las ayudas al sector de transportes están guiadas “por un patrón de carácter territorial”.

De esta manera, el escenario macroeconómico previsto por Airef, que prevé además un déficit del 4,6% en 2022, chocaría con el planteado con el Gobierno, del 5% para 2022 y del 3,9% para 2023, aunque en este último caso sin contar con la prórroga de las medidas contra la crisis energética.

Fernández-Huertas criticó que se hayan enviado dos planes presupuestarios a Bruselas cuando el primero no contempla la prórroga de las medidas y en el segundo “no se identifican qué medidas son las que se prorrogan”. Así, apuntó que mediante la resta de previsión de gasto de ambos escenarios se puede “asumir” que el coste de la prórroga que contempla el Ejecutivo ascenderá al 1,1% del PIB.

En cuanto al escenario a medio plazo, la previsión de la Airef es que el déficit se estabilice en torno al 3,2% del PIB con un repunte de una décima para 2026. Por su parte, la reducción de deuda se quedaría “estancada” en el entorno del 108,8% en los próximos años, lo que coloca las finanzas públicas en una situación de “vulnerabilidad”, según Herrero. En este sentido, un incremento hasta los 100 puntos porcentuales en los tipos de interés representaría un gasto adicional acumulado en intereses en 2026 superior a 17.000 millones de euros, de los cuales 1.400 millones corresponderían al año 2023.

Respecto al cumplimiento de la Recomendación Específica por País para España, la presidenta de la Airef señaló que “no están claras las reglas del juego”, ya que no se conoce cuál va a ser el criterio que use la Comisión Europea para medir el cumplimiento de la tasa de referencia. La Airef elaboró una horquilla de entre el 3,1% y el 5,1% del deflactor del PIB que el Gobierno sobrepasaría en caso de prorrogar las medidas contra la crisis energética.

En el repaso de las previsiones macroeconómicas, Esther Gordo señaló que el supuesto fundamental del que parten las estimaciones de la Airef España va a ser “capaz” de superar el invierno “sin restricciones generalizadas en la oferta de energía” debido a los altos niveles de reserva de gas, la contención de la demanda energética y la oferta de gas desde fuentes alternativas a Rusia.

No en vano, indicó que existen riesgos como la climatología, una menor contención de la demanda, la amenaza a la integridad de infraestructuras clave o una mayor restricción de la oferta de energía.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por otro lado, el organismo prevé que el saldo de las autonomías mejore hasta alcanzar un déficit del 0,1% en 2023 y solo tres (Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia) cerrarán con un déficit superior a la tasa de referencia, del 0,4%. Once comunidades, además, cerrarán con equilibrio o superávit, que llegará al conjunto de las autonomías en 2026.

Además, Gordo subrayó que hasta ocho autonomías, entre las que se incluyen Madrid y Andalucía, han elaborado sus presupuestos con unas previsiones macroeconómicas distintas a las del Gobierno, que han asumido, hasta el momento, Cantabria y La Rioja.

En sus recomendaciones, la Airef pidió que se definan tasas de referencia -introducidas por la suspensión de las reglas fiscales- que sean “exigentes”, pero “factibles de alcanzar” ya que unas tasas “laxas” no incentivan la “necesaria reducción del déficit estructural”. Así, destacó que establecer una misma tasa de referencia para todas las comunidades autónomas “no resulta realista”.