Así lo afirmó durante la presentación de los resultados de la tercera y última fase de la evaluación del gasto público, conocido como ‘spending review’, donde aprovechó para pedir una financiación “estable” y recursos humanos “suficientes” para el organismo.

El primer ‘spending review’ tiene su origen en el compromiso asumido con la Comisión Europea y se concretó en tres fases que se han desarrollado a lo largo de estos años, en los que se han analizado políticas por valor de 108.000 millones de euros. Estos análisis, además, afectaron a todas las administraciones y a diversos agentes, como Correos, Adif, Renfe o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ahora, una vez que culmina el primer ciclo de estos informes de la evaluación de gasto, la Airef reclama cambios. “No estamos preparados para evaluar nuestras políticas públicas. Es algo que venimos señalando y es que en España no hay tradición evaluadora. Se echa en falta una serie de cosas que deberían estar en el origen mismo de las políticas públicas, que no se diseñan sabiendo que van a ser evaluadas”, expuso Herrero.

FALTA DE OBJETIVOS Y DATOS

En este sentido, explicó que las administraciones sacan adelante las leyes sin recoger objetivos “cuantificables”, lo que dificulta evaluar si los recursos públicos se han utilizado de forma eficaz. Puso de ejemplo el ingreso mínimo vital (IMV), cuyo objetivo es “prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social”. El problema es que la Airef desconoce a partir de qué umbral de ingresos el Gobierno entiende que una persona está en situación de pobreza y, por tanto, no sabe exactamente si se cumple o no la pretensión final de la política cuando la evalúa.

Herrero cargó también contra la falta de información disponible, ya sea por su “escasez” o falta de calidad. Al igual que con los objetivos, señaló que este es un problema que se da desde el origen de la nueva legislación, que no nacen con la vocación de facilitar la recogida de información para la evaluación.

Por último, apuntó también a “las dificultades” que sufre en el proceso de recogida y tratamiento de datos, los acotados tiempos en las evaluaciones y sus consecuencias sobre la evaluación, las limitaciones para contar con formación especializada en el ámbito público, y la escasa toma en consideración de las propuestas de la Airef sobre materias a evaluar.

Asimismo, advirtió de que la Airef recibe cada vez más encargos de las comunidades autónomas, que han mostrado un” interés creciente” en analizar políticas de calado como la sanidad, la educación, y las políticas de empleo, “frente a la reducción en el alcance de las políticas evaluadas en el ‘spending review’”.

Todos estos encargos se suman a los que también vienen de la Administración Central, como el Estudio de Fonprode o las evaluaciones recogidas en leyes, como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), los planes de empleo, la Ley de startups, o la de movilidad sostenible.

CAMBIOS EN LEY ORGÁNICA

En esta coyuntura, la presidenta del supervisor fiscal considera que debe modificarse la Ley Orgánica de la Airef para dotar a la institución de “los medios económicos y humanos necesarios para desempeñar sus funciones” ante este aumento de la actividad; así como para que “asuma un papel mayor en la toma de decisiones en materia de evaluación”.

Así, ve necesario que la reforma legislativa asegure “una financiación estable y suficiente” para la evaluación vía tasa, “tal y como ocurre en la supervisión”, que garantice a la institución “los recursos humanos suficientes, otorgándole capacidad para contratar perfiles multidisciplinares no funcionarios o de otras Administraciones Públicas”.

Asimismo, pidió una mayor iniciativa de la Airef a la hora de seleccionar las políticas a evaluar –aunque regulando hasta dónde puede llegar– y promover la capacidad de encargo de los órganos de coordinación como el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local.

Por otro lado, Cristina Herrero considera necesario mejorar el proceso de encargos a la Airef para planificar mejor las evaluaciones, “con una mayor consulta y un mayor papel de la institución en la toma de decisiones sobre los temas a evaluar”, y “cronogramas de entrega realistas y acordes a la información disponible”.

Por último, ve “clave” que exista “un compromiso real” de todas las administraciones públicas con la evaluación y la extensión del principio de cumplir o explicar a las propuestas de las evaluaciones de la Airef.