Oliva recordó que “a quien corresponde iniciar el proceso de renovación del CGPJ es a las Cortes Generales” y dijo que “los presidentes del Congreso y del Senado llevan omitiendo flagrantemente sus funciones durante más de cinco años”.

En su opinión, el proceso de renovación “por los partidos políticos, amén de provocar la politización del órgano de gobierno de los Jueces, es palmariamente inconstitucional”, por lo que clamó por el cumplimiento de “las recomendaciones europeas y, de una vez por todas, permitir que las juezas y jueces de este país elijan a sus doce vocales judiciales”.

En ese sentido, dijo que “cualquier atajo en ese proceso provocará que siga la politización del CGPJ y que los vocales designados carezcan de apariencia de independencia y de apariencia de imparcialidad, denigrante al Poder Judicial".

Oliva apoya la idea de que el actual sistema de elección del CGPJ es inconstitucional en la redacción de la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional que avaló le modelo actual, pero que advertía: "Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”.

La sentencia añadía que “la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.

El portavoz de la AJFV señala que tal y como se ha visto en las renovaciones de los últimos CGPJ, por el uso de “cuotas políticas” en la designaciones a modo de “reparto de cromos”, y siguiendo la habilitación constitucional de la sentencia referida, “se ha frustrado la finalidad señalada de la norma constitucional”.