Según Oliva, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que aprobará este martes el Consejo de Ministros y que traspasa la instrucción de las casusas penales a los fiscales “supone un riesgo enorme de politización” en el escenario actual.

“Una ley así”, dijo a Servimedia, “exige blindar la imparcialidad de los fiscales y, sobre todo, un gran consenso que hoy no existe”. Además, asegura, el proyecto “limita la acción popular, dejando fuera a sindicatos, asociaciones o entidades públicas y con ello reduce los espacios de participación y control ciudadano”. El portavoz de AJFV concluye que en este “contexto de confrontación y desconfianza, impulsar una ley de este calado sin garantías ni apoyos suficientes no parece buscar mejorar la justicia,sino reforzar el control político sobre ella”.