De esta manera, según destaca la patronal ALA, la decisión del tribunal madrileño reconoce la legalidad de la política de equipaje de las aerolíneas que permite el acceso a una tarifa básica.

Recordó que recientemente los estados miembros de la UE han pactado una reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros (Reglamento 261), en el que se aclara que las aerolíneas sí pueden cobrar por la maleta en cabina y determina las dimensiones del bulto de mano gratuito, que fue rechazada por el Parlamento Europeo.

La patronal advierte de que las sanciones de Consumo limitan la capacidad de elección de los consumidores y distorsionan el mercado único, lo que se constata con el hecho de que la propia Comisión Europea abriera una investigación a España ante los indicios de vulneración de la normativa europea, lo que llevaría a iniciar un procedimiento de infracción.

Bruselas pedía explicaciones al Gobierno sobre el alcance de las medidas puesto que observa que no se han aplicado sanciones a otras aerolíneas con políticas similares y, por lo tanto, existen claras evidencias de que pueda generarse distorsión competitiva y discriminación dentro de la UE.