Javier Ayestarán afirmó en una rueda de prensa celebrada en Pamplonaque "existen muchas posibilidades de que, al igual que otros insumisos, acabe en la cárcel" y criticó la discriminación que, a su juicio, supone la petición fiscal de dos años, cuatro meses y un día de prisión para los insumisos del año 92, con respecto a los de años anteriores, para quienes los Fiscales piden doce meses de cárcel.

La previsible condena judicial conlleva la inhabilitación para cargo público, por lo que, en opinión del alcalde abertzale supone que "elementos ajenos al pueblo de Bakaiko, que me eligió democráticamente, van a decidir si merezco o no ser su alcalde", a pesar del acuerdo adoptado por unanimidad de la Corporación, constituida por concejales de HB y EA, para mantenerle en el puesto de alcalde.

Su abogado, Adolfo Araiz, afirmó que el Ejército español ha reaccionado ante el creciente fenómeno de la insumisión en el País Vasco "intentando la aplicación de castigos ejemplares, con el endurecimiento de las penas, para conseguir que la expansión de este fenómeno tenga un muro e contención, aunque estamos convencidos de que la insumisión va a salir adelante".