Esta sala revisó el pasado día 12 los recursos interpuestos contra la sentencia por la que Miquel Ricart, alias "El Rubio" y único detenido por el triple crimen, fue condenado a 170 años de cárcel y a pagar 50 millones de pesetas a cada uno delos padres de las niñas.

El Supremo rechaza el argumento del abogado defensor de Miquel Ricart, Javier Carcelén, que pidió la anulación de la sentencia, porque, entre otras cuestiones, señalaba que cuando su cliente declaró por primera vez ante la Guardia Civil, en realidad fue interrogado como sospechoso y, por lo tanto, debió contar con la asistencia de un abogado, de la que careció.

Para el Alto Tribunal, este hecho en sí es irrelevante, dado que Ricart se autoinculpó del triple crimen en una eclaración posterior. Además, sostiene que la intervención de Ricart fue necesaria para cometer el triple crimen.

El Supremo rechaza que el Estado deba pagar 200 millones de pesetas como responsable civil subsidiario, como solicitaban los padres de Antonia Gómez, una de las niñas asesinadas.

Los padres de Antonia Gómez argumentaron que el Estado era responsable, porque había una orden de busca y captura contra Ricart que no se cumplió, y añadían que de no haber sido así el crimen no se habría proucido.

DESAPARECIDAS

Miriam García, Antonia Gómez y Desiré Hernández desaparecieron el 13 de noviembre de 1992 cuando se dirigían a la discoteca "Color" de Picassent (Valencia). Dos meses después, sus cuerpos fueron encontrados apilados en una pequeña fosa hecha en la partida de La Romana, muy cerca del pantano de Tous.

La Audiencia Provincial de Valencia consideró que Ricart fue cooperante necesario de la violación y asesinato de las tres niñas, con el agravante de ensañamiento, por lo que conenó a "El Rubio" a 170 años de cárcel y a pagar 50 millones de pesetas a cada uno de los padres de las víctimas, fallo confirmado ahora por el Supremo.