Aldama se refirió a esta cuestión en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia una presunta macrotrama de fraude de IVA en el comercio de carburantes, con ramificaciones empresariales y posibles conexiones políticas.

De acuerdo con el vídeo de la declaración del mes pasado al que ha tenido acceso Servimedia, Aldama, sostuvo que hizo gestiones para conseguir una licencia de hidrocarburos para la empresa Have Got Time y no buscaba esta autorización para la sociedad Villafuel, como se viene diciendo.

Afirmó que Carmen Pano le estaba dando dinero para Ábalos y Koldo, con el fin de que realizaran gestiones ante el Ministerio de Industria para que la empresa Have Got Time consiguiera una licencia de operador de combustible.

NO PARA VILLAFUEL

En este sentido, según se recoge en el vídeo, el comisionista declaró lo siguiente: “Carmen me estaba dando a mí cantidades de dinero que yo estaba entregando a Koldo García y a José Luis Ábalos para el expediente y para que todo fuera bien del tema Have Got Time, por eso viene lo de la casa (que se iba a comprar para el exministro de Transportes)”. Añadió que a Ábalos y Koldo les entregó “como 40.000 o 50.000 euros”.

El comisionista dijo que este dinero al exministro y su excolaborador era para que ayudaran en el “expediente de Have Got Time” sobre hidrocarburos, no de Villafuel.

Añadió que la prueba de esto es que su socio Claudio Rivas fue “muy taxativo” en un mensaje de WhatsApp, en el que le pedía que Ábalos y Koldo dejaran de “presionar” al Ministerio de Industria “porque nos están diciendo que no nos van a dar las licencias” por esta insistencia.

El ‘caso hidrocarburos’ se instruye en la Audiencia Nacional bajo la dirección del juez Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. La causa investiga una presunta macrotrama de fraude de IVA en el comercio de carburantes, con ramificaciones empresariales y posibles conexiones políticas.

El principal investigado es el empresario Víctor de Aldama, al que se atribuye un papel central en la estructura societaria utilizada para el presunto fraude fiscal. Junto a él figuran como encausados, entre otros, Claudio Rivas y la empresaria Carmen Pano.

FRAUDE DE 182 MILLONES

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la organización habría defraudado al menos 182 millones de euros en IVA mediante un entramado de sociedades instrumentales dedicadas al comercio de hidrocarburos. El volumen total de negocio investigado se aproxima a los 869 millones de euros en combustible.

A los principales encausados se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación también apunta a posibles responsabilidades por falsedad documental, a través de facturación simulada para ocultar el impago del IVA.

En el marco de la instrucción, el juez Pedraz ha solicitado refuerzos de funcionarios de la Agencia Tributaria y ha ordenado nuevas diligencias para delimitar el alcance del fraude y la responsabilidad de cada investigado. El magistrado sospecha que la cifra defraudada podría superar los 182 millones inicialmente calculados.

El caso ha cobrado relevancia política por las declaraciones de Aldama y otros investigados sobre eventuales pagos en efectivo y una posible financiación irregular vinculada al PSOE, extremos que se indagan en piezas separadas. Pedraz ha remitido parte de estas manifestaciones al juez Ismael Moreno, que investiga las cuentas de la formación socialista.